Las comunidades apoyan a Sebastián

El Gobierno aprobará en tres meses una ley de distribución de vehículos

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, obtuvo ayer un acuerdo firmado de las ocho comunidades autónomas con fábricas de automoción para reconducir el conflicto generado con la enmienda sobre la distribución aprobada en la Ley de Economía Sostenible. Como contrapartida, el Gobierno aprobará antes de tres meses la Ley de Contratos de la Distribución.

Miguel Sebastián comunicó ayer a los consejeros de las comunidades autónomas con los que se reunió en Madrid que la reforma legal del contrato de distribución de los concesionarios ha hecho saltar las alarmas fuera de España. Las multinacionales no comprenden cómo se ha tomado esta decisión sin consensuarla con el sector, según un consejero asistente a la reunión. Sebastián mostró, igualmente, preocupación por la pérdida de imagen que puede suponer esta medida y su efecto sobre futuras inversiones de los fabricantes en suelo español. De hecho, Anfac, la patronal que agrupa a estas empresas, ya amenazó el lunes con "una importante reducción de ventas y producción en las fábricas españolas y en el sector de componentes, como consecuencia de la pérdida de inversiones ante la desconfianza de las casas matrices hacia el marco jurídico español".

Las ocho comunidades asistentes se comprometieron a dirigirse a las fuerzas parlamentarias para que valoren los efectos de la enmienda y busquen soluciones para equilibrar los intereses de los operadores del sector a la mayor brevedad. El compromiso firmado por los Gobiernos autonómicos cobra relevancia, pues incluye a la Generalitat de Cataluña, gobernada por CiU, y Galicia, Valencia, Madrid y Castilla y León, por el PP, los dos partidos que sacaron adelante la aprobación de la enmienda.

Receso para discutir

Fuentes de la reunión remarcaron que la pretensión era obtener un documento firmado en el que todas las comunidades se sintiesen cómodas, sin dar la impresión que deslegitimaban a sus grupos parlamentarios del Congreso, en clara referencia a catalanes y populares.

El consejero de Economía gallego, Javier Guerra, solicitó un receso para consultar con el resto de comunidades del PP con el fin de decidir si se adherían al acuerdo, lo que se interpreta como la voluntad del principal partido de la oposición de reconducir la situación mediante el diálogo.

El consenso fue posible por el compromiso de Industria de presentar antes de tres meses el anteproyecto de la Ley de Contratos de Distribución y promover su aprobación con la mayor urgencia.

Desde CiU declaran que esta ley debería haberse aprobado hace mucho tiempo, lo que hubiese evitado la enmienda de la discordia. El Gobierno iniciará los contactos con fabricantes y concesionarios hoy mismo para avanzar en la elaboración de la futura ley.

Un pacto de caballeros para no aplicar la enmienda

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria analizaron fórmulas para neutralizar la enmienda que revoluciona la distribución de vehículos. Cuando entre en vigor, tras su aprobación en el BOE en los próximos días, los concesionarios podrán, entre otras cosas, devolver en 60 días los coches que no hayan solicitado a las marcas. Para paralizar esta nueva ley, se planteó en la reunión la posibilidad de que el Gobierno presentase a las Cortes un nuevo real decreto anulándola, pero se rechazó por entender que suponía un ataque directo contra el legislativo.

Los asistentes optaron por que el ministro Sebastián proponga hoy un pacto de caballeros a fabricantes y concesionarios que deje en suspenso la aplicación, a cambio de negociar a la mayor brevedad la nueva Ley de Contratos de Distribución. Desde Faconauto expresaron a CincoDías su satisfacción por la elaboración del nuevo texto y no descartan un gesto de buena voluntad.