La batalla de las Cámaras se traslada a los tribunales
Galicia y Cataluña barajan recurrir al Constitucional el fin de las cuotas.
Desde que el pasado 3 de diciembre el Ejecutivo aprobó por decreto la supresión del pago obligatorio de la cuota cameral a las empresas, el Consejo Superior de Cámaras ha realizado un trabajo soterrado de negociación con los grupos parlamentarios para intentar revertir los efectos de una medida que les privará de 175 millones de euros al año. La acción se había encaminado en dos direcciones: que se ampliara un año el pago obligatorio del recurso cameral y que se facultara a las Cámaras a que pudieran recibir encomiendas de gestión por parte de las Administraciones. Finalmente, la Ley de Economía Sostenible solo recoge la segunda petición, con la que la dirección de las Cámaras se da por satisfecha.
En paralelo a esa actividad negociadora se ha creado una asociación de trabajadores de las Cámaras de Comercio, que desde principios de febrero ha puesto en marcha otras vías de presión para intentar revocar la supresión del recurso cameral y los efectos que pueden tener en términos de actividad y empleo. La asociación, en la que están representados cerca de la mitad de los 3.500 trabajadores, ya ha enviado cartas a la ministra de Economía y Hacienda y a la defensora del pueblo para pedirles amparo y han mantenido reuniones con algunas comunidades autónomas para estudiar conjuntamente la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad contra el final del recurso cameral. Galicia y Cataluña están sondeando ya la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, cuyo plazo de presentación expira el próximo 3 de marzo (tres meses después de la publicación del decreto que eliminaba el recurso cameral).
La que más beligerante se ha mostrado a ese respecto ha sido Cataluña, cuyo Gobierno ya ha pedido al Consejo de Garantías Estatutarias (el organismo asesor de la Generalitat para velar por el ajuste de la normativa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía) un dictamen como paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. "No estamos en contra de la decisión de convertir en voluntarias las cuotas en épocas de crisis, pero debería ser una medida transitoria y respetuosa con las competencias catalanas", asegura Francesc Homs, portavoz del Ejecutivo autonómico.
Galicia todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque el consejero de Economía, Javier Guerra, ha encargado a los servicios jurídicos de la Xunta un informe sobre la pertinencia de presentar un recurso por conflicto de competencias.
A la espera de que se sume alguna otra comunidad a este tipo de iniciativas, los trabajadores desconfían sobre el impacto positivo que pueda tener en la actividad de las Cámaras de Comercio la encomienda de gestión aprobada en la Ley de Economía Sostenible. De este modo, las Cámaras podrán prestar servicios a las Administraciones, aunque en ninguna parte se establece un compromiso o una cuota a las comunidades autónomas. Por ese motivo, los empleados consideran que sería necesario concretar la financiación de estas entidades de Derecho público. "En cualquier caso, debe garantizarse una financiación pública de las Cámaras, bien por vía Presupuestos, tal y como ocurre en Francia, o mediante la afectación de determinados tributos, ya que las Cámaras siguen teniendo naturaleza de corporaciones de Derecho público y conservan las funciones de carácter público-administrativo con las que fueron creadas", señalan los trabajadores, que pactarán nuevas medidas de presión en la reunión prevista para el próximo sábado.
El recurso desaparece el 1 de enero de 2013
La cuota obligatoria que pagan las empresas a las Cámaras de Comercio desaparecerá finalmente el 1 de enero de 2013, tras no haber fructificado la enmienda a la Ley de Economía Sostenible presentada por CiU para alargarla un año más. Esa enmienda, aprobada en primera instancia en el Senado con los votos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, fue finalmente rechazada en el Congreso gracias a la coalición entre socialistas y nacionalistas vascos.De este modo, las Cámaras seguirán cobrando el recurso cameral obligatorio hasta 2013. La cuantía del recurso se calcula de acuerdo con las declaraciones que las compañías hacen del impuesto de sociedades, que tradicionalmente van con dos años de retraso.De este modo, las Cámaras van a cobrar en 2011 lo correspondiente al ejercicio 2009. El año que viene tan solo pagarán las empresas que declaran unos beneficios superiores a 10 millones de euros, asentadas tradicionalmente en las grandes urbes. El Consejo Superior de Cámaras recibe el 6% del total.
Cifras
Empleo: en la actualidad existen 88 Cámaras de Comercio que emplean a 3.500 personas.Ingresos: el recurso cameral aporta anualmente a estos organismos 250 millones. De ellos, el 70% procede de las empresas que tienen unos beneficios superiores a 10 millones de euros.