¿Hay vida más allá de los 40?
La industria nuclear, de la mano de CiU y del PNV, ha logrado eliminar del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que está a punto de ser aprobada por el Congreso, la mención expresa a la vida útil de las centrales nucleares, que fijaba en 40 años.
Por primera vez, una norma establecía la edad oficial de los reactores atómicos, que, según las especificaciones técnicas de los fabricantes, sí tienen una vida de diseño de cuatro décadas.
El ruido generado con la enmienda de los nacionalistas en el Senado y el mensaje lanzado por sus artífices de que con ella se abre la puerta a una prórroga de las centrales más allá de ese límite no se justifican si se analiza someramente tanto la normativa actual como el artículo modificado de la LES y la situación resultante de la enmienda.
Tras la polémica provocada por la clausura de Santa María de Garoña, prevista para 2013, el Gobierno quiso zanjar la discusión de si los 40 años que rigen de facto en la actualidad se refieren a la vida útil o a la de diseño (esta sería ampliable siempre que las empresas realicen inversiones). Así, en la nueva ley incluyó como uno de los objetivos para 2020, "mantener, de conformidad con la normativa vigente, el calendario de cumplimiento de los 40 años de vida útil de las centrales del parque nuclear existente, de acuerdo con su vida de diseño", tal como figuraba en el punto 3 del artículo 98.
Un par de cuestiones desbaratan tanto revuelo: además de referirse solo al escenario para 2020 (hasta esa fecha no hay ningún nuevo cierre previsto), la ley permitía también la "renovación extraordinaria de las concesiones por encima de dicho plazo", dependiendo de las necesidades del suministro y siempre que se cumpliesen requerimientos de seguridad y medioambientales (solo alguno más que los que se exigen en la actualidad para renovar los permisos). Por tanto, y aunque el sistema de renovaciones incluido en el proyecto de ley resultaba más engorroso que el actual y daba mayor discrecionalidad al Gobierno, la ley enmendada permitía prorrogar el funcionamiento de las centrales nucleares.
Algo que con la normativa actual también es posible. De hecho, el Gobierno, tuvo la potestad de cerrar (lo cual hizo) o de mantener con vida otros cinco o diez años más la planta de Santa María de Garoña, ya que contaba con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Por tanto, tal como subrayó hace unos días el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la modificación del polémico párrafo no supone cambio alguno de la política del Gobierno respecto a la energía nuclear. Y tampoco implica ampliar en año alguno la vida de las centrales nucleares.
La enmienda, introducida en la ley que está a punto de ser aprobada en el Congreso, establece que el Gobierno podrá determinar la participación de la energía nuclear en el mix de generación energético, "de acuerdo con el calendario de operaciones de las centrales existentes" y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares, reúnan los correspondientes parámetros de seguridad. Por tanto, la única novedad de la enmienda es que desaparece la mención a los 40 años, número que planeaba como un fantasma sobre el sector y los partidarios de esta tecnología, que aspiran a que, en cualquier caso, la vida se establezca en 60 años.
Lo cierto es que "mantener el calendario de operaciones de las centrales existentes" viene a confirmar que su vida sigue siendo de cuatro décadas. Y es que el Plan General de Residuos Radiactivos considera "como escenario de referencia" el periodo de 40 años, que es el que se utiliza actualmente para la explotación de las instalaciones para diseñar la planificación energética.
Respecto a la participación de las centrales atómicas en el mix energético y, según el pacto firmado en el Congreso, no habrá ningún cambio hasta 2020, por lo que queda en el 18%. Para entonces, el pacto entre los grupos políticos establece que se abordará en función de las necesidades de abastecimiento.
Nuevas centrales
De momento, ninguna de las plantas actualmente en funcionamiento (salvo Garoña) se jubilará antes de la década de los 20. El primero que cumplirá los 40 años será uno de los grupos de Almaraz, que los alcanza en 2021.
Una de las exigencias de CiU y el PNV durante la negociación de la enmienda, que no ha trascendido a la opinión pública, es que se añadiera el compromiso para construir nuevas centrales nucleares. Petición que no prosperó.
A la interpretación de que la nueva Ley de Economía Sostenible va a abrir la puerta a la ampliación de la vida de las centrales nucleares, se ha unido otra: que el cierre de Santa María de Garoña podría ser revisado una vez que se promulgue la norma. Una posibilidad en la que no creen ni sus propietarias, Iberdrola y Endesa, que parecen confiar más en la indemnización que puedan obtener en los tribunales. Ambas eléctricas, que comparten la central burgalesa al 50%, han solicitado ante la Audiencia Nacional daños y perjuicios por 951 millones de euros.
Otra razón que hace imposible la vuelta a atrás en el cierre de Garoña es que, desde que el Ministerio de Industria decidió su cierre, en julio de 2009, la instalación ya no está abordando las inversiones necesarias y el proceso de desmantelamiento estaría al caer.