Los acreedores de Martinsa ven ilegal imponer la conversión de deuda en acciones
Los acreedores que se han opuesto a que se apruebe el plan de pagos de Martinsa-Fadesa sostienen que es ilegal porque obliga a convertir las deudas en acciones si la inmobiliaria es incapaz de abonarlas.
En los escritos remitidos al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, Shinsei Bank critica que "se obliga a los acreedores no votantes del convenio, entre otros, a convertir parte de sus deudas en créditos participativos", lo que a su juicio vulnera la Ley Concursal, la que rige los procedimientos de insolvencia.
"Se está convirtiendo en accionistas a acreedores que no han consentido expresamente tal mutación de su crédito", añade la entidad financiera, que es uno de los principales acreedores de Martinsa-Fadesa, con 144,33 millones de euros reclamados.
Shinsei Bank y JER Valencia, otro de los grandes acreedores, argumentan que la Ley Concursal establece que la conversión de las deudas en acciones debe ser una alternativa y nunca una obligación para quienes no la han aceptado expresamente.
Además, sostienen que el propio Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha avalado esta interpretación en una sentencia de noviembre de 2010 en la que establece que "la capitalización, la conversión del crédito o de una parte del mismo en participaciones sociales, no puede articularse como la alternativa aplicable a los acreedores que no han votado el convenio o que lo han votado en contra".
El plan de pagos de Martinsa-Fadesa, que fue apoyado por acreedores que representan el 73,69 % de las deudas, establece dos opciones para abonar las deudas.
La primera opción supone la renuncia del 70 % de las deudas, de modo que el 30 % restante se abonará en un plazo de cinco años, mientras que la segunda opción supone el pago de la totalidad de las deudas en un plazo de 10 años, aunque con la conversión del 15 % en crédito participativo.
Si la inmobiliaria no consiguiera abonar todas las deudas a los acreedores, éstos pasarían así a convertirse en accionistas de la compañía.
Entre otras supuestas ilegalidades del plan de pagos, Shinsei Bank y JER Valencia critican las atribuciones de la comisión que se formará para seguir la evolución del convenio de la inmobiliaria.
"Esta comisión se auto-irroga excesivas facultades, correspondientes al órgano de administración de la compañía y que, desde luego, no le corresponden por ley, convirtiéndose así en verdaderos administradores de hecho", señalan Shinsei Bank y JER Valencia, que están asesorados por el despacho Roca Junyent.
Entre las excesivas atribuciones, destacan por ejemplo que la comisión tiene la posibilidad de hipotecar activos de Martinsa-Fadesa "una o varias veces".
También apuntan como ilegalidad el hecho de que el plan de pagos prevé la posibilidad de enajenar bienes que están gravados en favor de acreedores como la propia entidad nipona, que reprocha que en definitiva se le obliga a renunciar a dichas garantías.
Entre los acreedores que se han opuesto a la aprobación judicial del plan de pagos también figura un grupo de medio centenar de perjudicados de Arganda del Rey (Madrid), así como el ayuntamiento de la localidad.
El juez Pablo González Carreró deberá ahora decidir sobre las oposiciones presentadas, que serán trasladadas a todas las partes para que se pronuncien.