La nueva ayuda de 400 euros beneficiará a 192.000 parados
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley del plan de choque contra el desempleo juvenil y de larga duración, que incluye bonificaciones para la contratación a tiempo parcial y la nueva ayuda de 400 euros que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero y beneficiará a unos 192.000 parados, aunque la previsión inicial del Gobierno era de unas 80.000 personas.
El decreto, que se enmarca en el acuerdo social firmado con patronal y sindicatos, entrará en vigor el día después de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según fuentes parlamentarias, el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para que no se tramite como proyecto de Ley y se garantice su inmediata aplicación.
La primera de estas medidas, el denominado ''Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable'', está enfocado a los jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración.
Máximo de seis meses
El decreto incluye la nueva ayuda de 400 euros hasta un máximo de seis meses, que estará vinculada a la formación y que contará con una dotación de 400 millones de euros, que correrán a cargo del Estado.
La ayuda beneficiará a unos 192.000 desempleados -la previsión inicial del Gobierno era de unas 80.000 personas al mes-, algo menos que los 198.000 beneficiarios del PRODI registrado en el último periodo de la ayuda.
Beneficiarios
Serán beneficiarias de este programa las personas que agoten su protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 y cuando las rentas en la unidad familiar del desempleado no superen el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (fijado para 2011 en 641,40 euros). Además, no podrán acceder a ella quienes ya cobraron los 426 euros del anterior programa (PRODI).
A diferencia del PRODI, esta nueva ayuda, denominada ''Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo'', está concebida más como un acompañamiento económico a acciones de formación propias de las políticas activas, que como una prestación.
De este modo, el programa obliga a los beneficiarios a realizar un itinerario personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad y la participación en acciones de recualificación y reinserción laboral.