Unas cuentas autonómicas sin sospechas
Las comunidades autónomas afrontan la difícil tarea de obtener fondos con los que refinanciar los 10.000 millones de euros de deuda que les vencen este año. Al Gobierno central, por su lado, le corresponde velar por que estos procesos no acarreen un desgaste de la imagen de las finanzas públicas españolas, aún en cuarentena por los mercados secundarios. Pero no está atinando en esta labor, si nos atenemos a la confusión generada tras la reunión del lunes pasado entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su homólogo en la Generalitat, Artur Mas. El enfado monumental, y plenamente justificado, de la mayoría de las comunidades denunciando un trato de favor a Cataluña provocó que a 24 horas de la reunión La Moncloa tuviese que desmentir al propio Mas para acallar a los dirigentes de otras autonomías.
Quizá el presidente de la Generalitat entendió mal a Zapatero; quizá este ha improvisado, otra vez, prometiendo a Mas lo que no debía, o, simplemente, ha fallado la política de comunicación. En cualquier caso, el lamentable episodio es suficiente para que se reabran recelos en inversores y en los socios comunitarios. Un tropezón ante la creciente idea de que Madrid tiene bajo control las finanzas públicas de autonomías y grandes ayuntamientos. Es un error que no debería haberse producido, y menos porque los expertos consideran que la tormenta financiera del euro tendrá nuevas réplicas los próximos meses. Este episodio, sin embargo, no empaña la opinión unánime de que España se aleja del pelotón de los países en peligro, aunque no esté exenta de riesgo. Pero reeditar el capítulo de las finanzas autonómicas es más perjudicial aún cuando se está vadeando el sensible proceso de la reconversión de las cajas.
El Gobierno debe cerrar cualquier duda sobre las cuentas públicas de las comunidades autónomas. El déficit aflorado en Cataluña con el cambio de Gobierno despierta sospechas sobre la credibilidad de las cifras autonómicas y exige abortar cualquier sombra. La presión de las consejerías para que se les deje emitir deuda con el fin de cubrir las refinanciaciones tiene sentido financiero, aunque no contribuye a aminorar las preocupaciones de los mercados secundarios. Sería un duro revés si, tras las elecciones autonómicas de mayo, cualquier cambio de partido en el poder lleva de la mano nuevos agujeros en los déficits.
El Gobierno es responsable ante Bruselas de la solvencia del Estado español, incluyendo todas las Administraciones. La lógica aconseja que se le dote de mecanismos para evitar sorpresas como la de Cataluña. Para ello, es necesario establecer por ley techos de gasto a estas Administraciones, pero también otorgar al Gobierno sistemas de control y sanción para las incumplidoras. Tal y como Bruselas podrá hacer a los Estados del euro que no cumplan.