Un entramado que roza los 2.200 entes públicos
Andalucía y Cataluña absorben una tercera parte de los organismos autonómicos.
Las autonomías han estado en el ojo del huracán mediático ante el crecimiento imparable de sus organismos, que en muchos casos realizan las mismas tareas que otros entes ligados a la administración central. Pese a la constatación de esas duplicidades, el ritmo de creación no se ha frenado, tal y como muestra la última actualización del inventario de entes públicos, que elabora el Ministerio de Economía y Hacienda.
A finales de 2009, las comunidades tenían 2.181 organismos, lo que supone un incremento de 500 en los últimos ocho ejercicios, a un ritmo anual de 63 al año. Un dato que contrasta con la estructura de la administración central, que en la misma fecha apenas tenía 447 entes, seis veces menos.
En el reparto territorial destacan sobremanera Cataluña o Andalucía, que encabezan la clasificación, con 372 y 350 organismos autonómicos (una tercera parte del total). En el caso de Cataluña, el desglose muestra que la mitad de estas entidades son consorcios, en algunos casos tan pintorescos como el Consorcio para la Conmemoración del Centenario de la Costa Brava, el del Patrimonio Mundial de la Vall de Boi, el del Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro o el de la Normalización Lingüística.
Un informe elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) denuncia la escasa adecuación entre la población de cada comunidad autónoma y el número de entes públicos que tiene. Así compara el caso de Madrid y Cataluña, que tienen un 15,9% y un 13,5% de la población, un porcentaje que no es igual en el caso de los organismos públicos, donde Cataluña tiene un 16% y Madrid apenas un 7%. El estudio de la fundación ligada al PP hace una mención especial al caso de las universidades públicas, que en la actualidad asciende a 47. "Se ha producido una subcentralización provocada por la radicación de escuelas y centros universitarios en todas las provincias españolas", asegura.
UPyD, la formación liderada por Rosa Díez, también ha realizado un estudio sobre el gasto autonómico en el que resaltaba que se podrían recortar hasta 24.000 millones de euros a través de disminuciones en las partidas de gasto corriente y personal. En el primer aspecto, el informe avala que las más eficaces a la hora de gestionar sus partidas de gasto corriente son Murcia, Andalucía y Castilla y León, mientras que en el segundo destacan Murcia, País Vasco y Cataluña.
Nadie quiere dejar la embajada en Bruselas
Ninguna comunidad autónoma se ha sumado a la iniciativa castellano-manchega de cerrar su oficina regional en Bruselas para evitar duplicidades con el Gobierno central y todas destacan la eficacia de estas representaciones, si bien expresan su respeto por la decisión de José María Barreda.El Gobierno de Esperanza Aguirre ha sido muy crítico con la propuesta de Barreda de que las demás comunidades sigan el ejemplo castellano-manchego y le ha recomendado que deje a cada uno "arreglar su casa". En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya dio a entender que su Gobierno mantendrá las delegaciones en el extranjero para garantizar la "máxima integración en el mundo" de esta comunidad, cuya oficina ante la UE es de 2004.El Gobierno vasco "ni se plantea" cerrar su sede en Bruselas, donde trabajan una delegada y ocho funcionarios, con un presupuesto de 1,28 millones de euros para 2011.La Xunta gallega no ve necesario suprimir la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas creada en 1988, que emplea a siete trabajadores y cuyo presupuesto para este año es de 714.534 euros.La Junta de Andalucía estableció su actual delegación en 1995, aunque la primera representación estable data de 1990, y no se ha planteado la supresión de esta oficina, que dispone de 475.000 euros para sus gastos anuales. En Castilla y León, la Junta no piensa renunciar a su delegación, heredera de una oficina de 1993 porque permite a los castellano-leoneses defender mejor sus intereses.La Generalitat valenciana defiende el mantenimiento de su representación en Bruselas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Los gobiernos balear y canario disponen de una delegación en Bruselas desde 2001 y 1987 respectivamente.