Los expertos piden unidad de mercado y un techo de gasto para las comunidades
Rechazan la devolución de competencias al Estado, pero le exigen una mayor capacidad para intervenir sobre las cuentas regionales.
La crisis económica ha dejado al descubierto el profundo desfase entre los ingresos y los gastos de todas las Administraciones públicas, aunque esa diferencia es especialmente apreciable en el caso de las comunidades autónomas. Todas arrastran un abultado déficit fiscal y tres de ellas (Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña) superan ampliamente el límite fijado por Hacienda (el 2,4% del PIB regional) por lo que no podrán emitir deuda sin la presentación previa de un plan económico-financiero para cuadrar sus cuentas.
En el deterioro de las finanzas públicas autonómicas ha jugado un papel primordial el crecimiento del endeudamiento, que en el tercer trimestre de 2010 se situó en 107.624 millones de euros, lo que supone un incremento del 80% desde el inicio de la crisis económica en 2007. En paralelo, el tamaño de la Administración regional también ha crecido sin parar y ya tiene 2.200 organismos diferentes, lo que supone casi seis veces más que la Administración central, mientras que el número de empleados públicos se ha incrementado de forma exponencial hasta alcanzar los 1,3 millones, prácticamente la mitad de todos los funcionarios en España.
Todo este escenario ya había levantado los recelos de los empresarios, que desde el inicio de la crisis venían reclamando una armonización de las regulaciones autonómicas y la eliminación de las excesivas trabas burocráticas para no afrontar un sobrecoste que lastrara su actividad. Y el debate, con la aceleración de la crisis económica, ha acabado saltando al terreno político, donde el PP ha propuesto la creación de una ley de mercado único, que armonice todas las regulaciones autonómicas, y la centralización de algunas competencias. Por su parte, el PSOE rechaza la posibilidad de que las competencias transferidas a las comunidades autónomas vuelvan al Estado, aunque se ha mostrado dispuesto a estudiar una propuesta con la que recortar el elevado gasto autonómico a través de la supresión de duplicidades o ineficiencias.
Sin embargo, ninguno de los expertos consultados por CincoDías considera que sea necesario una centralización de las competencias, sino que rindan cuentas sobre su ejecución presupuestaria. "Es imprescindible una mayor transparencia en las finanzas de las autonomías y una mejor coordinación entre Administraciones para evitar duplicidades. Las autonomías están afectando de forma negativa a la economía por dos vías: una a través del excesivo gasto suntuario y otro mediante los costes de transacción que suponen diecisiete sistemas diferentes, las trabas burocráticas o el retraso de expedientes", apunta Fernando Eguidazu, presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios.
Desde el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que agrupa a 100 multinacionales españolas que facturan el 17% del PIB, reclaman un proceso de simplificación normativa en las tres Administraciones. "En determinados ámbitos, como seguridad alimentaria o normativa de incendios, se están produciendo situaciones con 17 normativas diferentes que encarecen la actividad de las empresas y constituyen barreras para el correcto desarrollo del mercado único", recalcan en un informe. El nuevo presidente del IEF, Isaac Andik, ya apuntó en su discurso de investidura el pasado mes de octubre que una medida de racionalización del gasto sería que los empleados públicos se sometieran al mismo régimen que el de los privados, es decir, que pudieran ser despedidos. El nuevo presidente de CEOE, Juan Rosell, también ha puesto a los funcionarios en su punto de mira y ha apuntado que en la actualidad hay 150.000 empleados públicos sin trabajo que podrían ser despedidos.
Ventanilla única virtual
Una de los soluciones propuestas por el IEF para la reducción del gasto sería la creación de una ventanilla única virtual, "que permita reducir la burocracia, mejorar la prestación de los servicios públicos y reducir los plazos necesarios para obtener licencias para la apertura o ampliación de centros de producción".
Los excesos de las autonomías, sin embargo, no solo se han ceñido al gasto, si no que también han tenido su reflejo en el número de empleados públicos. En el caso de las autonomías, esta cifra se ha disparado un 44% desde 2001 hasta llegar a los 1,3 millones, casi la mitad del total de las Administraciones públicas. "Ha sido inadecuada, en algunos casos, la contratación de empleados públicos en los dos últimos años. Además, las comunidades deben realizar una reforma en la sanidad, que evite el estrangulamiento financiero de las comunidades autónomas y de los proveedores", recalca Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Sin embargo, no todo el gasto que realizan las autonomías es suntuario. Para César Cantalapiedra, analista de AFI, el gran obstáculo que tienen que afrontar las autonomías es que son las que gestionan las competencias en sanidad, servicios sociales y educación, que suponen más de la mitad de los presupuestos regionales. "No todo es gasto superfluo. Son servicios gratuitos expuestos a una demanda infinita si no se les pone freno", subraya. En su opinión, la mejor medida para racionalizar el gasto sería la realización de presupuestos con base cero y no con fines cortoplacistas, "tal y cómo se realizan en la actualidad".
Otros expertos creen que la solución pasa por que el Estado asuma un papel más activo en la gestión de las cuentas autonómicas y en la coordinación con el resto de Administraciones. "Debe tener un papel más activo en la coordinación de las competencias a través del establecimiento de techos de gasto o de un mayor control sobre las transferencias directas a las autonomías, ya que así se lo permite la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)", apunta Julio Gómez Pomar, director del centro de innovación del sector público de PwC y la escuela de negocios del Instituto de Empresa.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, califica como preocupante la actual situación tras unos años de gasto desbocado. "Es un momento muy delicado. Las comunidades tienen un objetivo de reducción de déficit y el Reino de España tiene un compromiso con las instituciones europeas. O se gasta menos o se gestiona mejor el presupuesto. El problema es que hay muchas comunidades que saben por dónde ir, pero no encuentran financiación para hacerlo", recalca. Pich apunta al caso de Cataluña, que ha tenido que recurrir a la emisión de bonos para particulares, y al de otras comunidades que barajan esa opción para poder pagar, entre otros conceptos, las nóminas de sus trabajadores. "No se está teniendo en cuenta que el déficit de Cataluña, estimado en unos 7.000 millones, es una cifra pequeña respecto al presupuesto regional, que supera los 40.000 millones de euros", matiza.
PSOE vs PP
El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda sumarán fuerzas mañana en el Congreso para rechazar una proposición de ley del PP que pretende modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar techos de gasto a las comunidades y entes locales.