Reforma de la Seguridad Social

La jubilación anticipada sólo se logrará con 63 años, pero será voluntaria

El Gobierno está decidido a retrasar la edad de jubilación legal y también la real, que ahora se mueve en torno a los 63 años. Para ello, tras colocar la legal en los 67 años, impedirá las jubilaciones anticipadas hasta que los cotizantes alcancen los 63 años. Pero mientras ahora es preciso que medie un despido para ello, con la reforma, el acceso será voluntario. Esta semana Ejecutivo, sindicatos y patronal tratarán de lograr un pacto sobre pensiones.

El acceso a la jubilación anticipada tiene ahora tres formatos diferentes, que serán unificados en uno solo tras la reforma de la Seguridad Social que pretende aprobar el Gobierno esta misma semana, a ser posible con el consenso de los sindicatos y la patronal. Ahora es posible jubilarse a los 60 años si el interesado acredita que estaba de alta en el sistema como cotizante antes del primero de enero de 1967. Puede accederse también desde los 61 años para todos aquellos que no estuviesen de alta antes de enero de 1967, y que lleguen al retira tras un expediente de despido. Y, por último, para quienes acrediten únicamente 15 años de cotización y tengan 64 años es posible el retiro sin coste, aunque nunca podrán percibir más del 50% de la base reguladora de su pensión.

Dado que el Ministerio de Trabajo quiere llevar la edad del retiro dos años más tarde, para hacerla más coherente con el crecimiento de la esperanza de vida en las últimas décadas, retrasará en paralelo la edad de jubilación voluntaria anticipada en dos años, desde los 61 a los 63, según la más firme propuesta de modificación del régimen de jubilación que el Gobierno ha hecho llegar a sindicatos y patronales. (La prejubilación de los 60 está prácticamente extinguida, dado que cada vez menos cotizantes pueden acreditar cotizaciones anteriores a enero de 1967).

Pero introduce una modificación importante: mientras que ahora para acceder al retiro a los 61 años o más es preciso ser despedido de forma individual o colectiva, tras la reforma el retiro anticipado será iniciativa voluntaria del cotizante. En cualquier caso, las jubilaciones anticipadas tendrán un castigo financiero, con un recorte progresivo de la prestación, que será mayor cuanto más se aleje el retiro real de la edad legal, que ahora se establecerá en los 67 años. Esta edad solo será efectiva, como los 63 para la jubilación anticipada, desde 2027, ya que el retraso en todas las variables de edad será muy paulatino y flexible para no quebrantar el planeamiento de ningún cotizante.

La Tesorería de la Seguridad Social mantendrá, por tanto, la aplicación de coeficientes reductores del 8% por cada año de anticipo del retiro, de tal guisa que si se accede a los 63 cuando el retiro legal es a los 67, el recorte de la pensión de jubilación será de un 32%. Como ahora, si la cotización acumulada es muy superior, de más de 40 años, los coeficientes pueden suavizarse al 7% por cada año de anticipo.

Vigilar la prolongación laboral

El mecanismo de jubilación español permite, además de la jubilación anticipada, la prolongación de la vida laboral, con primas sobre la pensión que a los afectados le corresponda. En concreto, cualquier cotizante que quiere prolongar su vida laboral más allá de los 65 años, puede hacerlo acumulando un 3% a la pensión por cada año de ampliación, aunque durante el periodo transitorio entre los 65 años y cuando decida finalmente abandonar la vida activa, no aportará cotización ni percibirá pensión.

Fuentes cercanas a los diseñadores de la reforma actual estiman que las primas por prolongar la vida activa son excesivas, puesto que después hay que financiarlas durante toda la vida del pensionista. La pretensión de la reforma es acercar la edad de retiro tanto por abajo como por arriba, para que los periodos de cotización sean lo máximos posibles y los de percepción de la pensión lo más limitados posibles, tal como hace cualquier administrador probo de cualquier patrimonio.

Diputados

PSOE y PP están dispuestos a hablar también de modificaciones en el régimen de pensiones de los diputados, tras el anuncio del líder popular, Mariano Rajoy, de que "hay que revisar esta situación". EL PSOE estima que "no hay ningún privilegio".