El reto de Mifid
El asesoramiento financiero, tan desarrollado en el mundo anglosajón, ya es una actividad plenamente regulada en España desde la implantación de la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros, más conocida como Mifid por sus siglas en inglés, y que regula la relación de las empresas de servicios de inversión con sus clientes.
Los objetivos son aumentar el grado de protección de los clientes, la competencia entre mercados e intermediarios, armonizar las leyes de protección al inversor con un estándar homogéneo en asesoramiento y ejecución de órdenes y, al mismo tiempo, mejorar la transparencia en la relación asesor-cliente.
Mifid va a tener unas repercusiones claves sobre el asesoramiento a clientes. En primer lugar, la dimensión europea. La prestación transfronteriza de servicios pasa a ser competencia exclusiva del supervisor en el país de origen. Se persigue, así, la integración de los mercados financieros europeos mediante la armonización normativa y de aplicación práctica. Repercute también en los contratos con clientes. A partir de ahora, deberán incluir información detallada relativa a riesgos de los activos financieros susceptibles de ser contratados, política de incentivos, conflictos de interés e incluso respecto a la política de ejecución óptima de las órdenes.
Establece que se permitan incentivos solo cuando no perjudiquen a los intereses de los clientes y aclara que, en el ámbito del asesoramiento, puede satisfacerse una comisión o incentivo, siempre que no se ponga en riesgo la objetividad del servicio que se presta. Define tres clases de clientes: minorista, profesional y contraparte elegible. Para cada uno existirán distintos niveles de protección, y prima la información y la idoneidad de los productos y servicios que se les ofrecen.
El objetivo no es otro que el de garantizar que entidades y asesores adecúen la oferta al perfil del cliente, informen adecuadamente, tanto de procedimientos, costes, conflictos de interés, y se aseguran de que el cliente tiene el conocimiento suficiente y es plenamente consciente de los riesgos inherentes a cada inversión mediante de los test de idoneidad. En definitiva, Mifid supone un reto para las entidades, los mercados y los supervisores, en términos de procedimientos, control, supervisión y mayor transparencia, para lo cual es básica una adecuada formación de los profesionales implicados.
Jesús Pérez. Coordinador del Programa Directivo European Financial Planner del IEB
