La reforma de pensiones incumbe a todos
El Gobierno se ha comprometido a disponer de una reforma detallada del sistema de pensiones el próximo día 28 de enero, y apura la negociación con los sindicatos y la patronal, de forma paralela a los intentos que el grupo parlamentario socialista desarrolla en el Congreso para que los partidos políticos que forman parte del Pacto de Toledo se sumen al consenso. El Ejecutivo lanzó ya en mayo del año pasado el debate con la propuesta de que la edad de jubilación actual en España hacía insostenible financieramente el sistema público de retiro, y fijó en 67 años el objetivo de la nueva jubilación, para convertirlo en un pilar inamovible del modelo. A raíz de ese momento, y tras la presión de los mercados financieros, todos los agentes económicos, políticos y sociales se han ido convenciendo de que tal retraso es necesario para sostener la salud del sistema y lograr que a partir de 2020, o quizás antes, el andamiaje del mecanismo de jubilación no se vea minado por la presión del envejecimiento demográfico. Nadie, prácticamente nadie, cuestiona hoy la evidencia de que la jubilación debe ser retrasada.
La discusión se ha trasladado ya a las fórmulas para aplicar del modo menos traumático posible este reforzamiento de la contributividad, pero sin perder la efectividad financiera que se le exige que aporte. La propuesta última del Ejecutivo es en este aspecto incontestable: introducir flexibilidad de forma directamente proporcional a la dilatación de las carreras de cotización, pero moviendo en paralelo todas las variables que determinan la cuantía de las pensiones del futuro. Así, con el retraso de la jubilación dos años, se retrasa también dos años la posibilidad de prejubilación, y se exigirán 39 en vez de 35 años de cotización para tener derecho a la pensión completa, aunque quienes hayan hecho este esfuerzo adicional podrán disfrutar de su retiro a los 65 de edad a partir de 2017. Porque no será hasta entonces cuando los nuevos criterios serán plenamente vigentes, comenzando su lenta aplicación desde enero de 2013.
Los sindicatos, que inicialmente habían mentado la tradicional bicha de la huelga general si se consagraba el retraso de la jubilación, han moderado su postura, y bien harían en abrazar estos cambios en el sistema, porque de ellos depende que dentro de una docena de años, quienes lleguen entonces al final de su vida laboral, dispongan de una prestación de vejez razonable y sin riesgo alguno de impago o recorte. Tal como están hoy las finanzas de la Seguridad Social, que ha logrado esquivar los números rojos en 2010 exclusivamente por la aportación de los intereses del fondo de reserva, y dada la paralización del mercado de trabajo y las escasas posibilidades de reactivación en el medio plazo, quedan pocas excusas para combatir la reforma. De hecho, los sindicatos harían bien en sumarse a esta causa aunque sea con castigos aparentes, porque cuantos más parezca ahora que contiene, mayor será la seguridad financiera en el futuro. Y harían bien en participar de este debate y este pacto para recomponer la maltrecha imagen que se han labrado durante los tres últimos años, en los que se han dedicado a mirar y culpar al empedrado (sistema financiero, el Gobierno, la oposición, etc.) de la copiosa lluvia de parados que ha inundado España.
La reforma laboral de junio ha sido muy timorata, porque el Gobierno estaba más preso de sus convicciones ideológicas que de la premura en recomponer la actividad económica. Pero ha comenzado a reaccionar con planes de choque concretos que afectan a la contratación y que pasan por la sacrosanta medicina contra el paro en España: reducir el coste laboral. Si a la reforma de pensiones y este giro decidido en materia de contratos suma una solución para el atenazado sistema financiero, y mete en cintura las finanzas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, el Gobierno habrá hecho casi todos los encargos de los mercados y de Bruselas, y la solución definitiva estará más cerca.
Y si además logra cerrar en torno a sus propuestas un consenso político nacional del que el Partido Popular tiene muy complicado aislarse, pocas más cosas le serán exigibles para recomponer la situación de la economía. Cierto que lo ha hecho tarde, muy tarde; pero ya no se podrá decir que está todo pendiente de hacer.
