El Tribunal Europeo dirimirá la legalidad del 'espectrazo' del móvil de 2001
Hoy es la vista en el Tribunal de Justicia Europeo. Tras una década, la reclamación de las operadoras de móvil contra la subida de la tasa por el uso del espectro que aprobó el Gobierno Aznar en 2001 llega a Luxemburgo. Los jueces decidirán si es legal o si el Estado debe devolver 1.000 millones.
La espera ha sido larga. Fue en 2001 cuando la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, fue incapaz de resistir la presión por haber concedido las famosas licencias de UMTS en concurso y no en una subasta multimillonaria, como hicieron Alemania o Reino Unido. El Gobierno de José María Aznar ideó la solución: una subida drástica de la tasa por uso del espectro radioeléctrico. La medida afectó a las cuatro operadoras con red de móvil, Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo, y a otras varias compañías que usan el espectro aunque dan telefonía fija.
En total fueron 961 millones de euros los que recaudó ese año el Gobierno por la tasa a las operadoras. Ahora, puede que tenga que devolver esa cantidad.
Tras una década de andadura por los tribunales nacionales, desde el Económico-Administrativo Central hasta el Supremo, la denuncia de las operadoras a lo que se llamó el espectrazo ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Lo ha hecho en forma de petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo el 12 de febrero de 2010, a raíz de una de las denuncias presentadas, en este caso la de Telefónica.
Y hoy está fijada la fecha para la vista de este conflicto. El veredicto tardará algunos meses en llegar, así que la respuesta no será inmediata. Pero la sentencia del Tribunal de Justicia europeo pondrá fin a la polémica o a una parte importante de ella, ya que sus fallos delimitan -unas veces con más claridad y otras con menos- la actuación de tribunal que lo ha solicitado. El fallo es de cumplimiento obligado y sienta jurisprudencia. Aunque la cuestión prejudicial que se ha elevado sea la de Telefónica, la decisión servirá para todas, según fuentes jurídicas.
Cuestiones para la vista
Al tribunal europeo no se le han enviado todas las argumentaciones de las operadoras, sino dos preguntas concretas. La primera se refiere a una queja recurrente de las compañías. Según sus abogados, el artículo 11.2 de la Directiva 97/13/CE exige que las tasas, cánones y gravámenes sobre recursos escasos deben dedicarse a potenciar servicios innovadores, a financiar la investigación, la formación o al cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
El espectrazo de 2001 no solo supuso una fuerte subida, sino que desvinculó la tasa de esos cometidos, según las empresas. La pregunta que se hace al Tribunal de la UE es, por tanto, si la directiva permite "una normativa nacional que desvincula el importe de un gravamen sobre esa clase de recursos -tasa por reserva del dominio público radioeléctrico- de la finalidad específica que con anterioridad tenía expresamente asignada -financiación de la investigación y de la formación en materia de telecomunicaciones, así como cumplimiento de las obligaciones de servicio público-, sin asignarle otra en particular", según el texto de la consulta.
La segunda cuestión se refiere a la supuesta penalización de las nuevas tecnologías frente a las viejas, ya que la tasa aumentaba más para los desarrollos más punteros y menos, o nada, para los más antiguos.
Hasta el momento, las operadoras han perdido todos sus pulsos en los tribunales españoles. La Audiencia Nacional, de hecho, no solo no admitió los recursos de las operadoras, sino tampoco las cuestiones prejudiciales que pedían que se hicieran a Luxemburgo.
Las operadoras plantan cara a Google y Apple
Las principales operadoras europeas se han aliado para supervisar las posibles prácticas desleales que se desarrollan en el mercado de los sistemas operativos para teléfonos inteligentes -smartphones-, según informaba ayer el Financial Times.Vodafone, Telefónica, France Télécom, Deutsche Telekom y Telecom Italia han creado un grupo de expertos para vigilar los movimientos que realizan Google o Apple con sus sistemas operativos para móviles, ante el temor de posibles prácticas desleales.Las operadoras ya han dado el primer paso. En octubre, enviaron una carta a la comisaria europea Neelie Kroes para expresarle sus preocupaciones.