Ejecutivo y controladores garantizan la normalidad

El Gobierno da por cumplidos sus objetivos y levanta el estado de alarma

El Gobierno aprobó el viernes el decreto que pone fin al estado de alarma y que suspende la militarización del control aéreo. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que la medida ha cumplido con la misión de garantizar el servicio y aseguró que habrá normalidad a partir del domingo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó el jueves el Real Decreto que revoca la militarización del control del tráfico aéreo, que entró en vigor el 4 de diciembre, y que se publicará mañana, coincidiendo con el fin del estado de alarma, con lo que los militares se retirarán de las torres y dependencias de control a las 24 horas del sábado.

El Gobierno destacó que el estado de alarma ha cumplido con su misión fundamental al garantizar "sin problemas" el derecho a volar de los españoles en épocas complicadas, como las fechas navideñas, además de permitir "encauzar" el final del conflicto con los controladores, ya que ha habido diálogo entre AENA y el colectivo, y éste ha fructificado con algunas decisiones que marcan ya su fin "de forma temporal pero clara".

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la declaración del estado de alarma fue "excepcional", pero ha surtido sus efectos.

Desestimadas las demandas del expresidente de USCA contra AENA

El vicepresidente recordó que dentro de la negociación entre ambas partes se ha acordado "la designación de un árbitro, un catálogo de temas y un calendario" y señaló que se han pactado los mecanismos para poner fin a dicho conflicto.

Finalizada la negociación el 31 de enero, Miguel Pimentel, el árbitro designado, tendrá de plazo hasta el próximo 28 de febrero para dictar un laudo que será de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable para ambas partes.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunirá por su parte el sábado con los oficiales encargados de dirigir y supervisar el control del espacio aéreo durante este periodo para hacer un balance de su actuación.

El portavoz del sindicato USCA, César Cabo, aseguró el viernes que la normalidad continuará en todos los aeropuertos españoles como "es habitual", y ha destacado que el trato de los militares ha sido de "absoluto respeto".

"Sin inmiscuirse en nuestro trabajo han estado presentes en todos los cambios de turno", explicó en declaraciones a Antena 3 TV.

La justicia, por otra parte, desestimó el viernes las demandas interpuestas por el expresidente de Unión Sindical de Controladores Aéreos, Juan María García Gil, contra AENA por la modificación de sus condiciones laborales y por su jubilación a los 65 años, según Fomento.

Las demandas también despegan

El pulso que mantuvieron los controladores aéreos a lo largo de 2010 con AENA, que acabó con el cierre del espacio aéreo español los días 3 y 4 de diciembre, ha generado un aluvión de demandas de carácter penal, civil y militar a las que deberán enfrentarse los miembros de este colectivo.

Así, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales el 3 de diciembre por posible delito en el tráfico aéreo en su variante de sedición. Un día después, el Gobierno canario denunció a los controladores por desobediencia y sedición, al igual que la Fiscalía de Baleares y la Fiscalía Provincial de Valencia. La OCU haría lo propio el día 7. El 5 de diciembre, el sindicato Manos Limpias presentó una querella contra los controladores por un delito de abandono del puesto de trabajo de un servicio público. Al día siguiente, más de 5.000 afectados y los empresarios madrileños contactan con el bufete Cremades & Calvo Sotelo, para interponer una demanda colectiva. La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo reclamará unos 100 millones a AENA.