En calidad de querellado

Joaquín Rivero declarará el 2 de febrero por uso de información privilegiada

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar el próximo 2 de febrero al ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que le acusa de utilizar información privilegiada en la compra de acciones de la inmobiliaria en 2005.

Así lo señalaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), después de que el titular del juzgado, Eduardo López Palop, admitiera a trámite a principios de diciembre la querella, por la que Rivero se enfrenta a una pena de entre 4 y 6 años de prisión.

Rivero comparecerá en calidad de querellado, aunque posiblemente tras la declaración adquiera la condición de imputado, a la vista de los indicios suficientes del presunto delito de uso de información privilegiada.

El Ministerio Fiscal sostiene que Rivero obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros con la compra de acciones de la inmobiliaria antes de que se hiciera público que él y Román Sanahuja, principal accionista de Metrovacesa, habían comprado a Luis Portillo su paquete en el capital a un precio muy superior al de mercado, lo que disparó la cotización un 9,36 %.

"Joaquín Rivero incumplió las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, al aprovechar este conocimiento reservado para comprar las acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era el beneficiario último", asegura la querella de Anticorrupción.

Según el relato de los hechos, Rivero conocía desde el 22 de diciembre de ese año el acuerdo entre Portillo y Sanahuja, al que decidió sumarse con la firma del contrato el 24 de diciembre, que no se hizo público hasta casi una semana más tarde, lo que presuntamente fue aprovechado por el entonces presidente de la inmobiliaria para adquirir acciones.

Rivero ha negado que utilizara información privilegiada en la compra de acciones, que realizó en el marco de la "disputa" que mantenía entonces con Román Sanahuja por el control de la compañía y que se ha saldado con una "pérdida importante en su patrimonio".

Además de la pena de cárcel, el delito de uso de información privilegiada podría suponerle a Rivero una multa del triple del beneficio obtenido con la mencionada operación y la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante un plazo de dos a cinco años.