Fabricio Hernández cifró en 951 millones las pérdidas por el cierre de Garoña
El secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, nombrado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, firmó en marzo de 2010 un informe pericial encargado por Nuclenor que cifra en 951,4 millones las pérdidas y el lucro cesante que ocasionaría el cierre de Santa María de Garoña en julio de 2013.
Este informe, desvelado por la cadena SER y al que hoy ha tenido acceso Efe, lo elaboró por encargo de Nuclenor, compañía propietaria de la central burgalesa y participada al 50% por Iberdrola y Endesa, la consultora "Nera Economic Consulting", de la que Hernández era entonces director asociado.
La Audiencia Nacional ha citado para mañana, día 14, a Fabricio Hernández, para que ratifique dicho informe, aunque según confirmaron fuentes de Industria no acudirá a la cita al estar ahora desvinculado de la consultora, y en su lugar, se ha solicitado que comparezca âscar Arnedillo, quien también firmó el informe.
Según fuentes de Industria, el ministerio tenía conocimiento de dicho informe antes de que se nombrara a Hernández sustituto de Pedro Marín, quien se presentará como candidato a la dirección de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), al frente de la Secretaría de Estado de Energía.
En este sentido, entienden que el conocimiento del sector energético y la sólida experiencia de Hernández prevalecen sobre el estudio que elaboró cuando trabajaba en la consultora y recuerdan que su trabajo en Nera no dependía de las propias empresas eléctricas, sino que eran éstas las que contrataban a la compañía en busca de asesoramiento.
Asimismo, sostienen que el recién nombrado secretario de Estado de Energía se encuentra completamente desvinculado de la empresa privada, por lo que descartan un supuesto conflicto de intereses.
El informe encargado por Nuclenor a dicha consultora se produce después de que el Gobierno anunciase el 2 de julio del 2010 que la central nuclear de Garoña cerrará definitivamente el 5 de julio de 2013, dos años más tarde del final de "su vida útil", que se estima para este año.
Tras la decisión de cierre que hizo pública el titular de Industria, Miguel Sebastián, Nuclenor presentó a finales de marzo del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que decretó el fin de la central, al entender que es contraria a la legislación vigente que autorizaba prorrogar el funcionamiento de las plantas siempre que se demuestre su seguridad.
En el informe elaborado por Nera solicita además que la central nuclear siga funcionando y sostiene que, en caso de producirse el cierre definitivo, se reclamarán las cantidades económicas oportunas por daños y perjuicios.
Nuclenor entiende que en el supuesto de que finalmente se cierre la planta ha de ser indemnizada con 951,4 millones, ya que la planta cuenta con todos los avales técnicos para continuar operando hasta 2019, incluido el correspondiente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Asimismo, la empresa propietaria de la central nuclear reclama una autorización por diez años, de 2009 a 2019, y no de cuatro, hasta 2013, como le concedió finalmente el Ministerio de Industria.
En la actualidad la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que tramita la causa se encuentra en la fase de escuchar a las partes y conocer los informes y pruebas de todos los que han presentado recursos, tanto a favor como en contra, del cierre de la planta.
