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Editorial

La aportación sindical a las reformas

El Gobierno debe abordar este mes el núcleo duro de las reformas estructurales, que tendrá su cénit en los cambios del sistema de retiro y protección de la vejez, donde encontrará otra vez la espalda de los sindicatos. Aunque la decisión definitiva sobre los términos en los que se establecerá la reforma de la Seguridad Social no serán enteramente oficiales hasta el 28 de enero, los detalles que ha desgranado a pequeñas dosis el Gobierno exigen una negociación previa, que afrontan desde el fin de semana. Aunque los materiales a discusión desbordan la reforma de las pensiones, ésta será la estrella de la primavera, puesto que transcurrirán varios episodios de negociación antes de que el Gobierno lo ponga negro sobre blanco en un real decreto-ley, y otros tantos en el trámite parlamentario. Además, por vez primera las cartas están boca arriba desde el principio: la jubilación se retrasará a los 67 años, circunstancia que provocará una huelga general.

La reforma de la Seguridad Social es clave para que los mercados financieros entiendan que las cuentas públicas españolas en el medio y largo plazo son sostenibles. Pero como dispone de un fondo de reserva notable, tiene menos urgencias que el Estado, aunque sea éste el último avalista del sistema de pensiones, y permite una aplicación ponderada, transitoria y nada traumática de los cambios. Pero los sindicatos irán al conflicto abierto, como han hecho los franceses, por el simple hecho de que el retiro se retrase hasta los 67 años, aunque sea de forma flexible.

Como en otros tantos asuntos que les han afectado desde que estalló la crisis financiera mundial y económica en España, los sindicatos vuelven a estar fuera de juego. Amparados en el señuelo político de Zapatero, que aseguraba que habría una salida social de la crisis y que en absoluto serían los trabajadores quienes pagarían los errores que supuestamente, y en exclusiva, habían generado los banqueros, los sindicatos caminaron de la mano del Gobierno hasta que en mayo de 2010 mercado y Bruselas cambiaron bruscamente el rumbo de las cosas. Hasta entonces solo habían logrado con la CEOE un tardío pacto de moderación salarial, cuando las empresas estaban echando mano de los ajustes de los salarios para capear la crisis, una vez que habían agotado las posibilidades de recortes de plantillas.

La reforma laboral se saldó con una huelga general fracasada, que puso en evidencia las posiciones retardatarias de los sindicatos. En materia de pensiones han vuelto a ir a remolque de los acontecimientos, cuando deberían ser, junto con la patronal, quienes hubiesen propuesto cambios en la cotización y retiro para ajustarlos al mercado laboral y evitar el retraso drástico de la jubilación. Si en 1997 fueron agentes activos de la reforma, ahora lo serán pasivos, lo que demuestra que los sindicatos están muy necesitados de una revisión de sus estrategias y de sus liderazgos.

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