El PSOE planteará en el Senado dar competencias audiovisuales a la CMT
La crisis y las presiones desde varios frentes se han aliado a favor de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y de su reivindicación de asumir las competencias sobre el negocio audiovisual. En un principio, el Gobierno había decidido crear un organismo independiente para ello y así consta en la Ley Audiovisual. Pero el tiempo ha pasado sin que se materializara la iniciativa y ahora no tendría buena acogida entre la sociedad el gasto adicional que conlleva la constitución de un nuevo organismo regulador cuando la CMT reclama estas competencias y en el resto de Europa la mayoría de los países las ha agrupado en una misma institución.
Por eso, el Gobierno ha dibujado un nuevo diseño, que consiste en reunir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y la CMT bajo un mismo paraguas, que llevará por nombre Comisión del Mercado Audiovisual y de las Telecomunicaciones (CMAT).
El PSOE defenderá este esquema bien como enmienda propia o bien en una transaccional negociada con la oposición durante el próximo debate en el Senado de la Ley de Economía Sostenible (LES), según fuentes socialistas y del Ejecutivo.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha presentado este formato convergente del CEMA y la CMT a los distintos sectores afectados, entre ellos a las televisiones privadas, con cuya patronal, Uteca, se reunió días atrás. La convergencia en la CMAT del Consejo de Medios y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se haría realidad en la sede de la CMT en Barcelona, recientemente inaugurada.
Esta unión cuenta también con el respaldo de los principales grupos parlamentarios. CiU, PNV, IU y ERC la defienden en los mismos términos que el Gobierno, y el PP abogó durante el debate de la Ley Audiovisual por que el CEMA quedara subsumido en la CMT.
Ahorro de 30 millones de euros
Fuentes del Gobierno calculan que poner en marcha un organismo autónomo de nueva creación como el CEMA costaría 34 millones de euros anuales, frente a los solo cuatro millones que supondría su integración con la CMT. Y ese gasto es algo difícil de justificar en las actuales circunstancias de crisis.El Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero tenía el propósito de haber sacado adelante la medida durante el debate de la Ley de Economía Sostenible en el Congreso, pactando una transaccional con la oposición, pero se fue al traste por la tormenta desencadenada con la ley Sinde.