Dependencia y desempleo
La Ley de Dependencia incluye como uno de sus puntos fundamentales, la necesidad de contar con diversos perfiles especializados en la atención y el cuidado de las personas dependientes. Entre ellos se encuentra el de cuidador profesional, al que dicha ley define como "el trabajador que proporciona cuidados en una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o el profesional autónomo que presta servicios a personas en situación de dependencia, ya sea en su hogar o en un centro".
Así es como la ley aboga por la profesionalización de los cuidadores de los dependientes, requisito imprescindible si queremos dar a las personas que se encuentran en esta situación un trato y un cuidado realmente cualificado y de calidad pero que, además, en una época de crisis económica y destrucción de empleo como la que atravesamos, debe verse también como una excelente oportunidad de generación de nuevos puestos de trabajo.
Sin duda, el cuidado de las personas mayores y/o dependientes es un sector emergente, con un enorme potencial como generador de empleo. No obstante, si queremos que se cumplan estas expectativas es imprescindible apostar y poner en marcha los mecanismos necesarios que garanticen la adecuada cualificación de estos profesionales.
Un estudio realizado recientemente por la Fundación Caser para la Dependencia ha puesto de manifiesto que si bien, en los últimos diez años el sector sociosanitario ha experimentado un crecimiento continuo, existe una fuerte demanda de cuidadores profesionales cualificados. Se trata de una oportunidad que los poderes públicos no deberían ignorar, ya que podría contribuir a rebajar la tasa de desempleo, especialmente, en segmentos de población, como los jóvenes entre 16 y 25 años, donde alcanza un preocupante 43%.
El estudio analiza cuáles son los factores que han precipitado la necesidad de este tipo de profesionales y que se plasma en la exigencia de la Ley de Dependencia. En primer lugar y, quizá el más importante, son los factores demográficos y sociales. En las últimas décadas, el incremento progresivo de la esperanza de vida, unido al descenso de la natalidad, ha provocado el envejecimiento de la población y, por tanto, se ha multiplicado el número de personas mayores de 65 años y potenciales demandantes de cuidados asistenciales.
Asimismo, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, que era el miembro familiar que tradicionalmente se encargaba del cuidado de las personas mayores o dependientes, ha acentuado la necesidad de profesionales que cubran este vacío.
A estos factores, se une una cada vez mayor proliferación de políticas de atención a la dependencia, cuyo máximo exponente es la ley que entró en vigor en 2007, y que hace inaplazable la profesionalización y cualificación de los cuidados en esta materia .
Es claro que todavía queda mucho camino por recorrer, no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno. Otros estudios realizados por la Fundación señalan que el perfil del cuidador en nuestro país sigue siendo el de una mujer mayor de 65 años y sin cualificación profesional.
La buena noticia es que esta realidad está empezando a cambiar. Para que se consolide como una alternativa sólida y eficaz de generación de empleo de calidad y conseguir que el sector de los cuidados profesionales se convierta en motor de desarrollo social es necesario poner en marcha una serie de medidas. Hay que sensibilizar a la población de los beneficios de los cuidados profesionales. Por otra parte, es fundamental que los puestos de trabajo que se generen sean de calidad y se mejoren las condiciones laborales que, actualmente, tiene este colectivo y, por último, y no menos importante, es clave rediseñar el modelo de atención domiciliaria haciéndolo más eficiente, práctico y sostenible. Todos debemos involucrarnos en ello.
Es cierto que, tradicionalmente, el cuidado de estas personas se enfocaba desde un prisma afectivo-caritativo, por decirlo de alguna manera, como una obligación moral de los familiares. Sin perder esta perspectiva, creemos que poner en manos de profesionales este tipo de servicios, redundará en beneficios para todos, para el dependiente, que recibirá un cuidado de mayor calidad y para el familiar que se verá aliviado o apoyado en una tarea que, por lo general, supera su capacitación y sus fuerzas.
En ningún caso se trata de deshumanizar el trato al dependiente sino de enriquecerlo y mejorarlo, a la vez que se inyecta un soplo de aire fresco y de esperanza en una sociedad y una economía necesitadas más que nunca de nuevas iniciativas que generen empleo y crecimiento.
Juan Sitges. Director de la Fundación Caser para la Dependencia