AENA y los controladores designarán un árbitro para dirimir sus discrepancias
El gestor aeroportuario AENA y el sindicato de controladores (USCA) acordaron hoy designar un árbitro antes del próximo 12 de enero al que someterán las discrepancias durante la negociación del convenio colectivo, y cuyo criterio, de "obligado cumplimiento", deberán acatar en todos sus términos.
En un comunicado, AENA recuerda que el plazo para concluir la negociación del convenio colectivo será el 31 de enero de 2011 y "si pasado ese día persistieran las discrepancias actuará el árbitro decidido previamente" de común acuerdo.
El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de diciembre que si el 31 de enero próximo no se ha llegado a un acuerdo adoptaría otras decisiones "en relación con la negociación colectiva".
Según el procedimiento de negociación cerrado hoy por las partes, en caso de que no llegar a un compromiso sobre el nombramiento del árbitro las negociaciones del convenio se darán por finalizadas el 12 de enero.
Pero si cumplen sus objetivos y son capaces de consensuar un nombre, después se suscribirá un compromiso en el que constarán cuestiones concretas sobre las que deberá pronunciarse el laudo arbitral, y el plazo para dictarlo.
Cuatro días después de haber reanudado las conversaciones, ambas partes se han comprometido a negociar durante todo este periodo "de buena fe" y a "garantizar la plena normalidad en la prestación del servicio por la totalidad de los controladores aéreos".
También al establecimiento de un clima de colaboración y paz social que permita avanzar en el diálogo y la solución negociada de las cuestiones planteadas, principios que pretenden incorporar al convenio colectivo y a la gestión y prestación del servicio de forma permanente, añade el comunicado.
La Fiscalía denunciará la próxima semana a los controladores por sedición
La Fiscalía de Madrid interpondrá la semana que viene en los Juzgados de la capital una denuncia por sedición contra los controladores destinados en los centros de control de Barajas y de Torrejón de Ardoz que no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4.Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía madrileña, que han precisado que la denuncia será presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará al órgano judicial al que corresponda por reparto.Según las fuentes consultadas, el delito de sedición está previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que prevé penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia".El pasado día 9, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo al inicio del puente de la Constitución y de la Inmaculada se enfrentaban a penas de prisión de hasta ocho años.El Código Penal, en su artículo 545, establece que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.La Fiscalía ha decidido denunciar a los controladores después de recibir esta misma mañana un informe de AENA sobre los hechos ocurridos los pasados días 3 y 4, un documento "bastante voluminoso", según las mismas fuentes, que será estudiado y se unirá al informe policial ya recibido, que incluye una relación de los controladores que no acudieron a trabajar.La investigación desarrollada hasta ahora por la Fiscalía se basa fundamentalmente en el contenido de esos informes, ya que los 26 controladores citados por el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Madrid los pasados días 9, 10 y 13 se acogieron a su derecho a no declarar.Todos ellos habían sido identificados por la Policía cuando se reunieron el pasado día 3 en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.Los controladores alegaron ante el Ministerio Público que se pensarían si declarar cuando fueran citados por el juez competente, ya que entendían que dada la militarización y el estado de alarma en vigor no sería competente la jurisdicción ordinaria ,sino la militar.Ante la actitud de los controladores, la Fiscalía optó entonces por no seguir citando a más, del total de 175 que se pretendía investigar, y continuar estudiando el caso a través de informes policiales y otros como el de AENA.