Agencias de empleo e inserción laboral
Estamos en la fase final de la regulación de las agencias privadas de empleo, lo cual debería desembocar en una convergencia real con el resto de Europa y no en una opción empresarial que quede desierta. No se entendería en la UE, nuestros prestamistas, que el país con más paro no fomentara uno de los más eficientes operadores del empleo. El objetivo es facilitar la inserción en el trabajo, mejorar las aptitudes y capacidades de los desempleados, ayudar a dotar de una red sólida de intermediación laboral y ofrecer a los empleadores empresas solventes que les ayuden en la labor de búsqueda del capital humano justo cuando lo necesitan. Para ello, hay que colaborar con el Gobierno y las comunidades autónomas para evitar que queden lagunas o resquicios legales por los que puedan colarse trileros porque en esta actividad se trabaja con personas, el recurso más sensible. Con más de 4,5 millones de desempleados, tenemos que aunar esfuerzos para ofrecerles garantías sólidas a las personas que se acerquen a las oficinas de empleo.
Los grupos empresariales de recursos humanos, cuyo núcleo es la ETT, apoyan las medidas que favorezcan las garantías de estas nuevas empresas, siempre que no se ataque a la leyes que defienden el concepto empresarial. Las ETT de estos grupos, que llevan más de 15 años operando en España, están desarrollando una enorme labor de colocación en nuestro país, todo ello sin cargo para las arcas del Estado ni para el desempleado, lo cual significa que si las empresas pagan por este servicio les resulta eficiente.
Uno de los requisitos que se exigen en la propuesta planteada por el Gobierno es que las agencias privadas elaboren y ejecuten planes específicos para la colocación de los desempleados de difícil inserción. Es decir, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Nada nuevo para el sector: prácticamente el 70% de los trabajadores contratados por las ETT que integran Agett pertenecen a este colectivo. La experiencia en la colocación de este tipo de trabajadores, en la identificación exacta de las necesidades formativas de los colectivos de difícil inserción para integrarlos en el empleo, supone una garantía a la hora de desarrollar con éxito las exigencias planteadas desde el Gobierno. Un buen amigo de un sindicato sostiene que este sector ha socializado el head-hunting. Y creo que no le falta razón.
Igualmente, se exige no cobrar a los trabajadores. En este sentido, es conveniente recordar que en España desde que las ETT fueron reguladas en 1994 jamás se le cobró al trabajador.
A lo público y lo privado nos une el objetivo común de mejorar el mercado de trabajo, garantizando la seguridad de los empleados en sus transiciones.
Francisco Aranda Manzano. Presidente de Agett