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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una exigente cuestión de personal

El Gobierno decidió ya en mayo que solo repondría en los próximos años el 10% de las bajas que se produzcan por jubilación en la función pública, para utilizar también la política de personal entre los esfuerzos de consolidación fiscal exigidos por los socios europeos, y que acompaña a un recorte de los sueldos del 5% en todos los conceptos retributivos, y sobre cuya recuperación no hay fecha. Dejando aparte el recorte de los sueldos, la amortización limitada de las bajas vegetativas es un buen inicio de una reforma de la Administración pública que parece que ningún Gobierno se atreve a acometer, y que la española precisa como ninguna otra en Europa.

El fraccionamiento competencial santificado por la Constitución con el Estado de las autonomías y sobre cuyo desempeño general para la economía hay cada vez más reclamaciones de revisión, especialmente en todo lo relativo a la duplicidad de funciones y personal, hace más complicada la reforma de la función pública. Pero no imposible. Y no debería dejarse pasar la oportunidad que proporciona el necesario replanteamiento del reparto de los recursos exigible para cuadrar las cuentas en 2013 para reajustar las competencias, el personal y el coste a cada servicio que tenga necesariamente que ser dispensado desde el Estado, las comunidades o los ayuntamientos.

El decreto que en la primera semana de diciembre activó el Gobierno da un paso más en la definición de las condiciones laborales y de retiro de los nuevos funcionarios, cuando los antiguos disfrutan de unos privilegios más propios de la más generosa y exitosa de las multinacionales que de un Estado con abultada deuda y que genera desconfianza entre sus financiadores. Los nuevos se someterán a criterios más lógicos al menos en su acceso a la jubilación, y más acordes con los que tienen los contribuyentes del sector privado a los que se deben y que son quienes pagan mayoritariamente sus sueldos.

La gestión de los servicios públicos ha experimentado en muchas actividades mejoras innegables en los últimos años, sobre todo la de aquellos más susceptibles de incorporar procesos tecnológicos avanzados, como Hacienda, la Seguridad Social e incluso los sanitarios. Pero los administrados siguen apreciando incoherencias entre este proceso y el imparable avance del número de funcionarios, algunas de las cuales dañan el sentido común, puesto que coinciden con un ajuste severo del empleo en el sector privado. La economía, para su buen funcionamiento, exige en el mejor de los casos neutralidad a la Administración pública, tanto en financiación como en gestión. Y ninguna está en absoluto asegurada ahora. Una reforma profunda de la Administración, en la que la remuneración y la dimensión de las plantilla estuviese ajustada al desempeño, contribuiría notablemente al funcionamiento de la economía.

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