Todos los procesos judiciales pasarán a un expediente electrónico
La justicia electrónica está más cerca desde este viernes tras la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de nuevas tecnologías que permitirá un acceso a la Administración más ágil y con menos costes. Según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, han quedado sentadas las bases para que todos los procedimientos judiciales se tramiten vía electrónica, paso que permitirá un gran ahorro de papel en los juzgados.
El anteproyecto prevé homologar las aplicaciones informáticas en los juzgados y tribunales de toda España así como la creación de la sede judicial electrónica como punto de acceso único para realizar todo tipo de actuaciones relacionadas con la justicia tanto por los funcionarios como por los ciudadanos. Una vez se apruebe el proyecto de ley, quedará regulada la forma en la que abogados, procuradores y el personal de las oficinas judiciales y de las fiscalías incorporarán el uso de las nuevas tecnologías.
El Gobierno aprobó también este viernes otro anteproyecto de ley orientado a agilizar los procesos civiles y contenciosos administrativos. En el procedimiento para reclamaciones de deuda acreditadas documentalmente se suprimirá el límite máximo de 250.000 euros y se equiparará así al proceso monitorio europeo. Mediante este anteproyecto se excluirá el recurso de apelación en los juicios verbales originados por reclamaciones de hasta 6.000 euros, de forma que la sentencia de primera instancia se considerá firme. En caso de las subastas de bienes, se eliminará la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio. En concreto, dijo Francisco Caamaño, este procedimiento está pensado para las subastas procedentes de hipotecas e impedirá que el acreedor se adjudique los inmuebles por una cantidad inferior al 50% del valor en el que fueron tasados. Para los bienes muebles se establece el límite del 30%.
El Ejecutivo aprobó también el anteproyecto de la ley Concursal, que será sometido ahora al dictamen de los organismos consultivos antes de su envío al Congreso.
Los contratos de crédito no tendrán penalización
Los ciudadanos no tendrán penalización alguna en caso de desistimiento de un contrato de crédito al consumo ni tampoco tendrán que justificar su decisión, según establece el nuevo proyecto de ley de Contratos de Crédito al Consumo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. La norma que será remitida al Congreso regula los aspectos que deben figurar en la publicidad de estos contratos e introduce mayor transparencia en interés del consumidor. De esta forma, se incluyen nuevas medidas que garantizan una explicación individualizada al ciudadano para que pueda evaluar si el crédito se ajusta a sus necesidades y situación financiera, así como las consecuencias en caso de impago.El control de la solvencia del contratante recaerá sobre el prestamista, según establece el proyecto de ley.