Anteproyecto de ley

Las 'telecos' piden tiempo para hacer posible el cambio de operador en un día

Industria ha puesto en marcha la renovación del marco de las telecomunicaciones en España con un anteproyecto de ley que, entre otros asuntos, obliga a que los cambios de operador se hagan en un día. Las compañías, sin embargo, dicen que hoy eso es inviable técnicamente y piden tiempo para implementarlo.

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio
Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio

Más poder para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, mejor protección de los usuarios, defensa de las inversiones y aceleración de los cambios de operador. El Ministerio de Industria presentó el viernes al consejo de ministros el anteproyecto del que será el nuevo marco del sector en España. El borrador de ley incorpora las directivas europeas aprobadas en 2009 en el denominado Paquete Telecom y todavía queda tiempo para que sea implementado. Ahora empiezan las consultas a las empresas e instituciones afectadas y la incorporación de variaciones durante el proceso hasta su aprobación.

La novedad más directa para los usuarios es la reducción del tiempo que llevará cambiar de operador. En estos momentos, la llamada portabilidad ronda los cinco días en telefonía móvil y algo más en el caso de la banda ancha. El Gobierno quiere que se haga en 24 horas. Esta modificación tiene varias implicaciones. La primera es técnica y no está claro que puede ser resuelta de inmediato. Fuentes de varios operadores de telefonía móvil y banda ancha aseguran que en estos momentos no existe capacidad para aplicar los deseos del Gobierno. Por eso, piden que el proceso se haga con cuidado, que la CMT establezca el marco técnico para hacerlo posible y que les den tiempo para implementarlo, porque si no puede ir en contra del usuario, ya que se dispararían los problemas.

Pese a ello, la decisión de Industria ha sido bien recibida por las operadoras alternativas. El plazo que dura la portabilidad permite al dueño del cliente infiel -en muchos casos Telefónica, sobre todo en banda ancha- contactar con ese usuario e internar retenerlo. Un plazo de 24 horas reduce drásticamente estas opciones. Aunque también pondrá fin a los llamados amagos de portabilidad, los cambios de operador ficticios que hacen los clientes para que su operadora les mejore los precios o les regale un smartphone.

El anteproyecto de ley eleva el derecho de información de los clientes

Otro aspecto importante que introduce el anteproyecto es el refuerzo a la CMT. Los detalles que se conocen no son muchos, porque Industria no ha difundido el borrador, solo una nota de prensa, pero se da poder al regulador para decidir la separación funcional de la red de Telefónica, lo que implica segregar esta unidad de su actividad comercial, de forma que tenga el mismo acceso a ella y en las mismas condiciones que uno de sus rivales. Se trata de un remedio extraordinario, que solo Reino Unido ha llevado a la práctica, que se da cuando se constatan problemas de competencia en el mercado.

En materia de regulador, el anteproyecto también eleva a esta categoría a la Agencia de Protección de Datos, que hasta ahora solo actuaba a posteriori cuando observaba una irregularidad.

Por último, el Gobierno mejoran los derechos de los usuarios, que deberán recibir mayor información sobre los servicios que contratan y el nivel de calidad que reciben.

Inversiones de 25.000 millones en las nuevas redes de internet

La parte menos explicada en la presentación del anteproyecto de ley es la que se refiere a las nuevas redes de internet. En su comparecencia tras el consejo de ministros, Miguel Sebastián, titular de Industria, aseguró que la nueva regulación crea un marco más adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de estas redes. De hecho, afirmó que "van a a movilizar hasta 25.000 millones de euros" en inversión, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El ministro, sin embargo, no explicó cómo se van a fomentar estos desembolsos, aunque adelantó que la CMT deberá tener en cuenta el riesgo inversor de un operador antes de imponer obligaciones de acceso a su red.