CCOO y UGT rechazan la nueva 'Ley de Cajas' de la Comunidad de Madrid
CC.OO. y UGT han considerado que el proyecto de "ley de cajas" de la Comunidad de Madrid "ni despolitiza, ni profesionaliza Caja Madrid", sino que a su juicio introduce "incertidumbre, inestabilidad e inseguridad por las dudas legales sobre alguna de sus previsiones", han informado los sindicatos.
El texto del proyecto de ley para adaptación a la Comunidad de Madrid de la normativa estatal sobre cajas de ahorros tuvo entrada en el Consejo Económico y Social (CES) el pasado 3 de diciembre por procedimiento de urgencia.
Para los sindicatos, "el proyecto de ley que presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no respeta ni tiene en cuenta el acuerdo político y social que, hace un año, puso fin al conflicto en Caja Madrid, restituyendo la normalidad institucional en la Caja".
Asimismo, los sindicatos sostienen que "no cumple con el límite del 40% de presencia pública en la Asamblea General de la entidad". Y critican que el consejero de Economía y Hacienda se reserva el nombramiento del 51% de miembros de entidades representativas.
CC.OO. y UGT han considerado inexcusable que "en este proyecto de ley se proceda a uniformar y adaptar a la legislación estatal el mecanismo de elección del Consejo de Administración por los distintos sectores de la Asamblea General".
En definitiva, CCOO y UGT han asegurado que con este proyecto de ley se mantiene el control político de Caja Madrid; entienden que no se da cumplimento pleno a la normativa básica del Estado; y por tanto, perdurará el conflicto en el seno de Caja Madrid.
El intervencionismo político del Gobierno de Esperanza Aguirre contaminará la obra social de Caja Madrid, de tal manera que los fines sociales de la Caja quedarán sometidos a la política social del Ejecutivo Autonómico y terminara ocultando sus carencias en materia social.
Finalmente, CC.OO. y UGT han encargado un informe jurídico conjunto a sus Gabinetes Jurídicos a efectos de conocer el encaje del proyecto de ley autonómico en la normativa basita estatal, que será remitido a la Ministra de Economía y Hacienda.