El Gobierno baraja acabar con la tarifa regulada de la luz en julio
El Gobierno ultima una reforma para reducir de manera muy considerable el número de usuarios de luz y gas que podrán seguir acogiéndose a la tarifa de último recurso. En principio, la gran mayoría de consumidores domésticos y pymes pasarán al mercado libre en julio de 2011.
El Gobierno está dispuesto a acelerar la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, limitando al máximo la posibilidad de que los usuarios puedan acogerse a la tarifa regulada. Lo advirtió a mediados de noviembre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en una intervención en el Congreso y lo está poniendo negro sobre blanco el ministro de Industria, Miguel Sebastián: la tarifa de último recurso (TUR) va a pasar a ser algo residual.
Un apunte de los planes que el Ejecutivo está ultimando en este sentido figura en el Plan de Acción Industrial hasta 2015, que ya se ha presentado a las comunidades autónomas y que forma parte de un paquete más amplio de medidas que se aprobará antes de que acabe el año (el conocido como Plan de Competitividad Industrial 2020).
Fuentes conocedoras de la iniciativa explicaron que el Gobierno pretende que la gran mayoría de consumidores domésticos y pymes que actualmente se acogen a la TUR tengan que salir al mercado libre, a partir de julio de 2011, para contratar los suministros de electricidad y gas natural.
El objetivo del Gobierno es dar un impulso definitivo a la liberalización energética, de forma que se logre que el 90% de los usuarios eléctricos contraten en el mercado libre. En el caso, del gas natural la idea es superar el 65% de los puntos de suministro. Desde el Ministerio de Industria no hicieron comentarios.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el 85% de los 26,5 millones de consumidores domésticos están bajo el paraguas de la TUR. Solo cuatro millones de usuarios han contratado el suministro en el mercado libre. En el caso de las pymes, un 20% del total sigue sin salir al mercado pese a que la tarifa que pagan incluye penalizaciones disuasorias con las que se pretende fomentar que acudan a buscar ofertas entre las comercializadoras.
Se mantiene el bono social
En la actualidad, la TUR se contempla solo para los usuarios con una potencia contratada de entre 10 y 3 kilovatios (kW). El Ejecutivo ha barajado, inicialmente, dejar la tarifa solo a los usuarios de menos de 3 kW, que ya se benefician de manera automática del llamado bono social (unos cinco millones de consumidores).
De esta manera, la gran mayoría de particulares dejaría de tener derecho a pagar la luz al precio fijado por el Gobierno, con lo que unos 17,5 millones de usuarios tendrán que negociar con las eléctricas nuevos contratos de suministro. En todo caso, las fuentes consultadas advierten de que el Ejecutivo podría, finalmente, mantener la tarifa de último recurso para potencias superiores a los 3 kW, fijando un nuevo umbral en 4 o 5 kW, por ejemplo.
En la práctica, y puesto que las eléctricas denuncian una y otra vez que la tarifa no recoge los costes reales de la electricidad, los consumidores acabarán pagando más por su recibo de la luz. En estos momentos, las mejores ofertas de las compañías pasan por la contratación combinada de los suministros de luz y gas.
La asociación de consumidores Ceaccu calificó ayer de "inaceptable" que el Ejecutivo pueda aprobar una medida de este tipo. A su juicio, resulta "muy grave que el Gobierno se preocupe más por la salud financiera" de las compañías eléctricas que por "los derechos de millones de consumidores".
Eléctricas: la medida no arregla el déficit
Desde el sector eléctrico ven con buenos ojos que se limite al máximo la tarifa de último recurso (TUR) y que solo existan precios regulados para los sectores de la ciudadanía realmente desfavorecidos. A juicio de las compañías, la liberalización casi total del mercado permitirá que las eléctricas puedan competir de manera efectiva entre ellas, planteando ofertas de suministro a los consumidores en función de sus costes.En todo caso, desde las empresas advierten que la medida no exime al Gobierno de tomar medidas si quiere acabar con el verdadero problema del sector: el millonario déficit de tarifa. "El déficit lo genera la tarifa de acceso, que incluye los costes derivados de las renovables, de la moratoria nuclear, de los sistemas extrapeninsulares...", recuerdan. En este sentido, lamentan que el Ministerio de Industria haya decidido congelar la tarifa de acceso en la revisión de precios de la electricidad del 1 de enero, según se supo ayer. Este concepto supone el 50% de la TUR. El resto viene determinado por el coste de la electricidad, que se determinará el martes que viene en la subasta entre comercializadoras (Cesur).