Las comunidades autónomas recibirían el 50% de los impuestos

La nueva ley del juego prevé diferente tributación para cada tipo de apuesta

La ley del juego va a diferenciar la fiscalidad de cada tipo de apuesta. De esta forma, la Quiniela tendría una tributación diferente, por ejemplo, a las apuestas online. El último borrador de la ley contempla que las comunidades autónomas recibirían el 50% de los recaudación impositiva.

Un hombre jugando al póquer
Un hombre jugando al póquer

El último borrador de la ley del juego ha generado más críticas que aplausos. Aún no es el documento definitivo, ya que habrá que esperar al próximo año para que inicie su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el último texto que ha circulado entre los operadores del sector y las comunidades autónomas no ha sido del agrado de la mayoría. Especialmente de los grandes operadores del sector online, que no están satisfechos con la estructura de tributación que marca el borrador.

El texto determina que cada tipo de apuesta tenga un gravamen diferente. Por ejemplo, las apuestas deportivas mutuas -como la Quiniela- tendrán un gravamen del 20% sobre los ingresos brutos de los operadores, es decir, el importe que gasta cada jugador.

Mientras, las apuestas deportivas de contrapartida (por ejemplo las que se realizan a través de portales online como Bwin) tendrán un impuesto del 10% sobre los ingresos brutos y las apuestas cruzadas (en las que un jugador apuesta contra otro o el póquer online) tendrán un gravamen del 10% sobre los ingresos netos de los operadores, es decir, el premio que se entrega a los jugadores.

Además, la nueva ley también contempla otro tipo de formas de juego, como las rifas, donde la tributación será del 30% sobre los ingresos brutos; o los concursos donde será del 20% también sobre los ingresos brutos. De esta división, la más polémica entre los operadores es la carga tributaria sobre las apuestas de contrapartida, ya que si el impuesto del 10% se carga sobre los ingresos brutos no les resultaría rentable crear una filial en España y preferirían seguir operando desde otros países europeos, dada la imposibilidad de restringir las operaciones online.

De hecho en otros países europeos, la fiscalidad es más favorable a sus intereses, por ejemplo, en Reino Unido la fiscalidad es sobre el beneficio de los operadores, en concreto el 15%. Y si eso sucede, tal y como está redactado el borrador, no podrían anunciarse en España, ni patrocinar equipos deportivos, ya que para ello tendrían que contar con una sede social en territorio español.

Mientras, las comunidades autónomas -que tienen transferidas las competencias sobre juego- han manifestado en varias ocasiones que preferirían un impuesto del 10% sobre beneficios para todas las modalidades de juego. Según lo previsto en el borrador, las comunidades recibirán el 50% de la recaudación impositiva. Por el momento, es una incógnita la fecha en la que entrará en vigor la nueva ley, aunque la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado puede acelerar el proceso.

La publicidad del sector, regulada

El negocio del juego, si la ley sale adelante tal y como está previsto, no va a dejar cabos sueltos. Si ahora el negocio online carece de regulación, el borrador contempla el control de casi todos los detalles y todo ello a través de la futura Comisión Nacional del Juego. Por ejemplo, este organismo será el encargado de determinar las condiciones y requisitos que deberán cumplir los operadores, tanto para poder operar en España como para poder hacer publicidad. Regulará, entre otros aspectos, el patrocinio de acontecimientos deportivos sobre los que se realicen apuestas, la publicidad de actividades de juego en medios de comunicación o los concursos de televisión. El borrador recoge que los medios de comunicación que difundan la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos -o de sus operadores- deberán requerir a quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos publicitarios la tenencia del correspondiente título habilitante expedido por la Comisión Nacional del Juego, para evitar así que se anuncien empresas que no operan desde España.