PT acuerda transferir 2.800 millones de su fondo de pensiones al Estado luso
El Gobierno luso y la operadora Portugal Telecom (PT) oficializaron hoy un acuerdo para transferir 2.800 millones de euros del fondo de pensiones de la empresa a la Caja General de Jubilación con los que se pagarán gastos extraordinarios y se suplirán conceptos no ejecutados del Presupuesto de 2010.
La medida, que forma parte del drástico plan de austeridad del Gobierno para reducir el déficit del país del 9,3% en 2009 hasta el 4,6% en 2011, fue aprobada en Consejo de Ministros y comunicada al mercado.
En declaraciones a los periodistas, el secretario de Estado del Tesoro, Carlos Manuel Costa Pina, explicó que PT entregará al Estado 1.800 millones de euros mientras los 1.000 restantes los transferirá en tres partes: 100 millones hasta el 31 de diciembre de 2010, 450 hasta diciembre de 2011 y 455 hasta diciembre de 2012.
Por su parte, el secretario de Estado de Presupuesto, Emanuel dos Santos, aseguró que parte de estos ingresos se utilizarán para cubrir conceptos no "concretados" en el Presupuesto estatal de 2010, como el atraso en la introducción de peaje en las antiguas SCUT (carreteras sin costos para el usuario).
El cobro en este tipo de vías entró en vigor el pasado octubre y generó el descontento tanto en el norte del país como en la fronteriza Galicia, que se quejó, principalmente, por la dificultad del sistema de pago.
A pesar de que la operación final tiene un valor superior al anteriormente estimado (2.600 millones), Dos Santos matizó el déficit de la contabilidad presupuestaria no sufrirá alteraciones, por lo que "no habrá margen" de usar estos ingresos para "aliviar" las drásticas medidas de austeridad.
El Gobierno socialista del primer ministro José Sócrates aprobó, gracias a la abstención del principal partido de la oposición, un duro plan de ahorro para 2011 que persigue reducir el alto déficit del país y aliviar la presión sobre su deuda.
Entre las medidas escogidas para cumplir con las exigencias de Bruselas, destaca la reducción de los salarios de los funcionarios en un 5%, un aumento del IVA del 21% al 23%, la congelación de las pensiones, un aumento de la carga impositiva de las empresas y los ciudadanos y recorte en todos los subsidios sociales.