Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa. Presidente del Consejo General de Procuradores de España

"Estamos ultimando una escuela nacional de procuradores"

Tras 10 años en la presidencia del consejo, cuando se pregunta a Juan Carlos Estévez cuál es la asignatura pendiente del procurador no lo duda: avanzar en la asunción de competencias en la ejecución

"Estamos ultimando una escuela nacional de procuradores"
"Estamos ultimando una escuela nacional de procuradores"

El presidente del Consejo General de Procuradores de España se desenvuelve confortablemente opinando sobre la figura del procurador y el papel que este profesional ejerce en el proceso judicial. No podía ser de otra manera cuando se es nieto, hijo y padre de procuradores. Todo un homenaje familiar a una profesión que se desarrolla frecuentemente entre los ciudadanos en un mar de desconocimiento sobre su relevante papel en los tribunales.

¿Qué posición ocupa hoy el procurador en el sistema legal español?

El procurador es una pieza clave para hacer ágil y rápido el proceso judicial. Su función es de enorme relevancia en la tramitación de los asuntos de los ciudadanos ante la administración de justicia. La figura del procurador tiene siglos de historia, pero ha sabido adaptarse a los cambios del sistema, e incluso impulsarlos.

Los importantes cambios que introduce la Nueva Oficina Judicial también afectan al papel de los procuradores. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que pone en mejor papel al procurador y la administración de justicia. La nueva oficina va en el camino adecuado de modernización del sistema judicial y fortalece la posición del procurador en el proceso, haciendo éste más ágil.

¿Cómo se lleva la profesión con las nuevas tecnologías?

Estupendamente. Los procuradores, sus colegios y el Consejo a la cabeza hemos abanderado desde antiguo la implementación de las herramientas tecnológicas a nuestro trabajo y al de la administración de justicia, con resultados muy satisfactorios. La extensión del sistema LexNet para las comunicaciones y notificaciones telemáticas, que los procuradores hemos impulsado, está siendo de enorme ayuda para mejorar la rapidez del proceso.

¿Cuál sigue siendo la asignatura pendiente para ustedes?

Avanzar más en la asunción de competencias respecto a la ejecución sería de enorme utilidad para todo el sistema. La reciente reforma procesal ha dado un paso importante en esa dirección, validando al procurador en la realización de actos de comunicación. Los beneficiosos efectos de esta medida se verán pronto aumentando la agilidad y eficacia del sistema. Pero todavía no es suficiente. La ejecución delegada sería una buena solución, dentro de la más evidente y natural lógica jurídica del proceso de reformas iniciado.

Otra reciente modificación legislativa está generando nuevas situaciones en las profesiones jurídicas. Me refiero a la popularmente denominada Ley âmnibus que adapta la Directiva de Servicios de la UE. ¿Cómo afecta a la procura?

No estoy en contra de la ley, aunque la nueva legislación ha terminado con una situación profundamente arraigada en esta profesión, cual era el ejercicio territorial de los procuradores. Hasta el último momento confiamos en que pudiera mantenerse, pero no pudo ser. La nueva regulación no aporta ningún beneficio al ciudadano, aunque probablemente su impacto en la práctica sea limitado. Parece lógico pensar que la tradicional relación y conocimiento de los usos que tiene el procurador con los tribunales de su lugar de ejercicio se hará valer en términos prácticos.

¿Que iniciativas está tomando el Consejo de Procuradores ante la puesta en marcha del nuevo sistema de acceso a la profesión establecido en la Ley 34/2006?

Obviamente, nuestra realidad es diferente a la de la abogacía; nosotros necesitamos un espacio y una dimensión diferentes para la Escuelas de práctica. Sin que suponga obstáculo para que en las diferentes comunidades autónomas éstas se puedan crear con los colegios correspondientes, el Consejo General está trabajando para constituir una escuela de ámbito nacional que dé cobertura a las necesidades de todos los colegios de España. En este proyecto queremos implicar a diversas universidades con las que ya estamos trabajando.

¿Sufren los procuradores los efectos de la crisis económica que venimos atravesando?

Por supuesto nadie es ajeno a la crisis. El incremento de la actividad litigiosa repercute directamente en la procura, subiendo su actividad, pero generando también dificultades en la gestión de sus despachos profesionales y sus clientes.

Acaba de tener lugar el X Congreso Internacional de Postulantes Europeos en el que usted ha dado el relevo en la presidencia del mismo. ¿Cuáles son las preocupaciones de los procuradores en el entorno del espacio europeo?

Hemos debatido sobre cuestiones comunes a los profesionales que con diferentes denominaciones trabajamos en la postulación en Europa. Convinimos en que los derechos nacionales deben ser mantenidos y en la necesidad de facilitar a todos los ciudadanos europeos un acceso sencillo a la administración de justicia. Creemos muy útil impulsar una ventanilla común para los postulantes europeos y caminar en la cooperación entre los países. Cuando un ciudadano de la Unión Europea necesite de los servicios de un postulante, de un procurador, debe tener facilidad de acceso a los profesionales que en cada Estado ejercen esa función. Trabajamos en esa dirección.

¿Cómo se ve desde el Consejo el estado de la justicia en España?

Es complejo. Se han iniciado unas reformas que deberán tener continuidad, aunque creo que en algunos aspectos será más fácil que en otros. El principal requisito para que una reforma profunda del sistema sea eficaz es que sea una reforma consensuada entre los partidos y con los profesionales. Reformas unilaterales o con poco consenso no serán efectivas. La experiencia del Pacto sobre la Justicia de 2002 fue muy positiva. También es imprescindible el concurso de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales tienen transferidas las competencias en Justicia.

Es clave entender que la justicia y su organización tienen un componente ideológico y político, pero también un perímetro técnico y profesional que no hay que superar.

¿Se incorporarán las demandas de los procuradores al estatuto que regulará su función?

Confiamos en que sí. El ministerio está siendo receptivo y debemos avanzar en crear un espacio de consenso. Reforzar el papel de autoridad pública del procurador, sus competencias en la ejecución, etc., serán, de producirse, elementos claramente beneficiosos para nosotros, cómo lo será también la regulación del acceso a la profesión.