EDITORIAL

Soluciones para el sector energético

El Gobierno ha aprobado por fin la nueva retribución de las plantas solares fotovoltaicas con una fórmula salomónica: la reducción de las primas -45% para las instalaciones de suelo, 25% para las grandes de cubierta y 5% para los pequeños tejados- se limitará a las de nueva creación, dejando a las actuales fuera del recorte. Por contra, ha acotado a 25 años el cobro de las subvenciones, tanto de las nuevas como de las ya instaladas, rompiendo el estatus actual que tras ese plazo reducía el montante a cobrar, pero no lo suprimía. El nuevo modelo puede aportar 607 millones de ahorro hasta 2013.

Al sector no le ha sentado bien esta decisión pues entiende que se ha vulnerado la retroactividad de unos derechos que consideraba consolidados. Sin embargo, la industria debe poner algo de su parte para reducir la sangría económica que acarrea la electricidad fotovoltaica. Ciertamente, el Ejecutivo fue el autor de las reglas del juego, como también ha permitido que la previsión de potencia instalada, 400 megavatios, se desbordase hasta los casi 3.500. E igualmente, debe depurar las responsabilidades por las sospechas de fraude que planean sobre el sector. Pero ahora se trata de solucionar un problema financiero insostenible, y lo aprobado el viernes va en la buena dirección. Además, un cuarto de siglo es suficiente para amortizar la inversión y, sobre todo, para acelerar desarrollos tecnológicos que hagan rentables las instalaciones con las nuevas primas.

Pero la aprobación del real decreto es aceptable, principalmente, porque acaba con una inestabilidad jurídica y financiera que estaba perjudicando seriamente al sector y afectando la imagen de España en el exterior. Hasta el presidente de EE UU, Barack Obama, trasladó a su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, su preocupación por una anomalía que estaba afectando a empresas de aquel país.

Y es una inestabilidad que no se limita a la fotovoltaica. El modelo energético en su totalidad está en revisión y, desafortunadamente, se afronta de manera individualizada y a ritmo desesperante. Otras renovables -eólica y termosolar- penden también de la modificación de sus sistemas retributivos; las eléctricas tradicionales peligran financieramente por el déficit tarifario al que no se pone límite; la solución al carbón nacional está empantanada en los tribunales y la nuclear está inmersa en la incertidumbre de su continuidad y del retraso en la concesión del cementerio nuclear. En medio, los usuarios asisten incrédulos a una liberalización definitiva del gas y la electricidad que no acaba de producirse. Es urgente que el Gobierno aborde, tal y como ha prometido en el Parlamento, el problema en su conjunto y dé vía libre a la ordenación de un sector estratégico para la competitividad de la economía.