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Deberá exhibir el contrato

Los detalles del paquete de ACS en Iberdrola se revelarán el 16 de diciembre

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha citado al banco de inversión Natixis el próximo 16 de diciembre para que muestre el contrato confidencial de derivados firmado por ACS, a través del cual controla de forma indirecta el 4,8% de Iberdrola.

En un auto publicado hoy, el juez Carlos Nieto ordena dicha diligencia después de concluir que, a priori, tiene competencia objetiva y territorial para resolver la solicitud planteada por Iberdrola, que exigió que se dieran a conocer los detalles del contrato.

También afirma que Iberdrola tiene "justa causa e interés legítimo" para exigir la exhibición del contrato, aunque le impone una caución de 1.000 euros para hacer frente a los gastos, molestias y perjuicios que se pudieran producir.

Iberdrola considera que entre enero de 2009 y el 23 de febrero del pasado año, cuando se hizo la novación del contrato de ACS, las acciones del "equity swap" deben contabilizarse como derivados y, al descender el valor de la cotización de los títulos de la eléctrica, cree que las cuentas de ACS deberían reflejar una pérdida de 301 millones de euros por este motivo.

La defensa de ACS señaló que, con este requerimiento, Iberdrola pretende acceder a "información confidencial" sobre el tipo de interés y las condiciones de la participación que la constructora tiene en la compañía presidida por Ignacio Galán.

El tribunal puso ayer fecha al juicio de impugnación de las cuentas de la constructora entablado por Iberdrola, que se celebrará el próximo 5 abril.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán acusa a ACS de cometer "numerosas infracciones" en la normativa jurídico-contable en sus cuentas del ejercicio de 2009, ya que cree que la constructora tuvo unas pérdidas brutas de 405 millones de euros, en lugar del beneficio de 988 millones declarado por el grupo.

Ambas empresas también se verán el próximo 18 de enero en los tribunales de Bilbao, ante los que ACS ha impugnado los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas de Iberdrola, que negó la entrada en su Consejo de Administración a un representante de la constructora.

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