Administración de justicia española

Sin medios para investigar la delincuencia de cuello blanco

El 80% de los abogados afirma que la justicia española no tiene capacidad para perseguir "ciertos delitos económicos complejos", según un estudio de Deloitte.

Dificultadad para perseguir delitos económicos complejos
Dificultadad para perseguir delitos económicos complejos

Los abogados de los grandes despachos españoles son escépticos respecto a la capacidad de la administración de justicia española de perseguir la delincuencia de cuello blanco. Ocho de cada diez sostienen que en España no hay medios técnicos, humanos y materiales suficientes para investigar "ciertos delitos económicos complejos", como las manipulaciones contables, el uso de información privilegiada o el blanqueo de dinero, entre otras conductas delictivas. Frente a esa opinión mayoritaria, hay un exiguo 7% que se muestra optimista y confía exactamente en lo contrario.

Los datos forma parte de la segunda Encuesta entre juristas sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios, que fue presentada ayer en Madrid por Juan J. Valderas, socio director del área de Forensic & Dispute Services de Deloitte y el socio del mimo departamento, Jorge Lledías.

La encuesta, que recoge las opiniones de 200 letrados de bufetes relevantes, desvela que una aplastante mayoría de profesionales (un 85%) afirma que la crisis ha aumentado la tasa de litigiosidad española en 2008 y 2009, especialmente en las áreas de mercantil y laboral, debido a la proliferación de concursos de acreedores y a las oleadas de despidos individuales y colectivos.

Otra de las conclusiones es la existencia de un fuerte espíritu crítico entre los profesionales respecto a algunas de las reformas del Código Penal. Así, cuatro de cada diez no está de acuerdo con la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. "Es importante destacar que solo un 5% está totalmente de acuerdo con la medida frente a un 20% que no se encuentra nada de acuerdo", señaló Valderas durante la presentación. Un porcentaje similar reconoce que ese cambio legislativo provocará modificaciones en las compañías españolas.

Tampoco la tipificación del delito de corrupción entre particulares resulta una medida pacífica. Un tercio de los encuestados está "poco o nada de acuerdo" con esta cuestión y descarta que este nuevo tipo penal vaya a mitigar el riesgo de corrupción. Para un 71% de los entrevistados, la mitigación de penas que contempla la nueva legislación para las compañías que acrediten haber tomado medidas preventivas respecto a los delitos por los que son juzgadas "puede tener un efecto muy positivo en la adopción de mejores medidas de prevención".

Jueces mejor formados

Mientras que la encuesta del año pasado de Deloitte revelaba que un 65% de los abogados consideraba que los jueces no estaban técnicamente preparados para entender los informes periciales económicos e informáticos, el informe presentado ayer muestra que esa tendencia se ha reducido a menos de la mitad de los encuestados.

Frente a ello, la valoración que hacen los letrados de la preparación de los magistrados para entender la prueba electrónica ha empeorado. Así, el porcentaje de quienes creen que los jueces no entienden ni valoran ese tipo de prueba ha pasado de un 48% a un 53%.

Como contraprestación, la encuesta sostiene que el plan de modernización de la justicia 2009-2012 debería incluir el desarrollo de programas de formación técnica de jueces y magistrados. Sólo un 7% está en contra.