Comprar tiempo

El plan diseñado por Fomento para evitar la quiebra de ocho autopistas de peaje recuerda bastante a los procesos de refinanciación de deuda que tantas y tantas empresas han puesto en marcha. "Es una forma de comprar tiempo y esperar a que pase lo peor de la crisis porque se trata de concesiones inmaduras que llegarán a ser rentables", resume un directivo de una constructora. El proceso ha sido complicado porque hay aspectos clave en juego.

En primer lugar, el Gobierno quiere enfatizar que no se trata de ayudas ni subvenciones. "No estamos rescatando a nadie, se trata de cumplir la legalidad", subrayan en Fomento. Y es que el negocio concesional es una actividad donde los riesgos están transferidos al socio privado, pero acotados. "Si las empresas estuvieran obligadas a asumir cualquier riesgo, nadie querría invertir en este sector", añaden las mismas fuentes. Como se cometieron errores al planificar las autopistas que ahora están en riesgo de quiebra, no ha habido más remedio que actuar. No hacerlo hubiera costado 3.731 millones de euros, que habrían ido en vena a engrosar el déficit público.

No cumplir con el marco normativo genera inseguridad jurídica y espanta a los inversores. Y en tiempos en los que precisamente hay que generar todo lo contrario, o sea confianza, dejar que las empresas cayeran era un suicidio, al tiempo que una ilegalidad manifiesta. Que se haya tenido que hacer al tiempo que se baja el sueldo a los funcionarios o se congelan las pensiones no le resta ni un ápice de oportunidad, por más que se empeñen algunos políticos. Además, esos 530 millones retornarán al Tesoro con intereses. A partir de 2014, las concesionarias deberán devolver lo adelantado y la mitad de los ingresos que obtengan por encima del 100% del tráfico previsto. Por desgracia, la solución ideada no garantiza que los tráficos se recuperen y dentro de tres años todo el sector esté a salvo.

La ayuda no es garantía de que el sector esté ya a salvo