EDITORIAL

Una agenda social aún por despejar

La estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero para contrarrestar las encuestas va tomando forma. Primero fue el pacto de legislatura con el PNV y CC, que aleja las elecciones anticipadas. Luego, la renovación del Gobierno, que intenta transmitir a la sociedad fuerzas renovadas. Ahora, el siguiente paso es recuperar el banderín social, tras el desgaste que han acarreado medidas como la reforma laboral, la rebaja salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones o el anuncio de la intención de ampliar la edad de jubilación a 67 años.

En este contexto, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció la aprobación de una nueva agenda social que ayer fue presentada a los barones socialistas. A falta de concreción, se centrará en la reforma de las políticas activas de empleo, más algunas medidas relativas a los autónomos, la economía social y políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Esto último es sintomático cuando desaparece el próximo año la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido, la medida estrella en este campo de Zapatero.

La apuesta por una agenda social es arriesgada para el propio PSOE si el electorado detecta que se queda en un cúmulo de intenciones que carece de financiación añadida, como se ha preocupado el Gobierno en aclarar. Pero además, podría tener una repercusión negativa sobre la credibilidad española y, en consecuencia, sobre el coste de la deuda. Los mercados internacionales tienen aversión al aumento del gasto público, especialmente con un déficit fiscal desbordado y con el diferencial de la prima de riesgo acercándose peligrosamente de nuevo a niveles récord.

Para despejar suspicacias es preciso que el Ejecutivo desvele pronto el contenido de su plan que debe ser ampliamente negociado. Ayer incluso se anunció de forma misteriosa "alguna que otra medida que supondrá sorpresas". En este sentido, sería un error si prevalecen los intereses electorales y la agenda social conlleva más gasto público, lo que no implica que se descarten más fondos a fines sociales siempre que se detraigan de otras partidas no sensibles para la recuperación. El Gobierno dice que el dinero saldrá de los 12.000 millones que se destinan actualmente a políticas activas de empleo. Es preciso orientar las actuales bonificaciones al empleo y, sobre todo, la formación que reciben los parados, pues ambas partidas han demostrado una ineficiencia alarmante durante toda la crisis.

Obviamente, estos fondos deben recibir un mejor uso, pero nunca ser recortados, ya que son una buena inversión en estos momentos de crisis y desempleo. En definitiva, si los cambios en las políticas activas contribuyen a recolocar a parte de los más de cuatro millones de parados, serán los fondos mejor empleados. Nunca nos cansaremos de recordar que la mejor política social, la mejor agenda social, es crear puestos de trabajo.