BME busca negocio en la regulación de los derivados
Ha creado un registro para anotar las operaciones realizadas en mercados bilaterales.
La búsqueda de la transparencia en la negociación de derivados se ha convertido en una de las principales obsesiones de los reguladores a nivel mundial. La nueva normativa -en proceso de discusión- obligará a registrar las operaciones que se realicen fuera de los mercados regulados (OTC en sus siglas en inglés). Un nuevo filón de negocio que BME no ha querido desaprovechar.
La cumbre del G-20 de esta semana abordará de nuevo la operativa OTC (over the counter) y la semana pasada representantes de BME ya acudieron a las reuniones preparatorias en Nueva York para debatir con los reguladores los proyectos en marcha dirigidos a cumplir la nueva normativa.
BME y Clearstrem ya han dado pasos en esta dirección con la creación de Regis-TR, el primer registro de derivados OTC Europeo. Un sistema en fase de pruebas y con el que BME pretende captar el 25% del número de contratos que se muevan en Europa en los próximos cinco años.
Evitar futuras crisis como la actual, derivadas de la concentración de riesgos en los mercados de derivados OTC, es una de las prioridades de los reguladores. Por eso, cuantificar las operaciones que se cruzan en estos mercados para que los supervisores tengan acceso a ellas es una prioridad, al igual que fomentar el uso de las cámaras de contrapartida central para cubrir riesgos.
BME se prepara para competir en el registro de este tipo de operativas con cinco posibles adversarios, entre los que se encuentra la DTCC de EE UU, su pata europea, además de los proyectos de TriOptima -del grupo ICAP- o Euroclear.
"Nuestra ventaja es que ofreceremos toda la gama de derivados", explica Jesús Benito, consejero delegado de Iberclear, el depositario central de valores español y filial de BME.
El registro entrará en pleno funcionamiento a final de año. En la actualidad Sabadell y BBVA participan en la fase de pruebas, y BME también está en conversaciones para incluir a otras dos grandes empresas españolas puesto que la normativa plantea regular las operaciones que realicen las empresas una vez superen ciertos límites que vayan más allá de meras coberturas para sus negocio, aún por definir.
"El proyecto está teniendo una muy buena acogida entre las empresas financieras y no financieras por los servicios administrativos que ofrecemos. Supone un menor coste para las empresas, más seguridad legal y la idea es que el contrato se pueda hacer electrónicamente en un día frente a los 5,5 que se tarda a día de hoy", añade Benito.
Se prevé que los reguladores definan los estándares técnicos para junio de 2012 y que la normativa entre en vigor a final de 2012. Aspectos clave como la futura conexión entre unos registros y otros también están por definir.