El Gobierno se da dos meses para pactar la reforma de las políticas activas de empleo
El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros que la reforma de las políticas activas de empleo, a las que el Gobierno destina 8.000 millones de euros anuales, estará a punto para primeros del año que viene.
Después de la reforma laboral, cuestionada en sus objetivos por los últimos datos de paro, el Gobierno se propone sacar adelante un cambio revolucionario en las políticas activas de empleo, para lo que se ha dado un plazo de dos meses. En este periodo, intentará pactar la reforma con sindicatos y empresarios, pues la intención del Ejecutivo es que exista el máximo consenso en un proceso que reencauzará un volumen de recursos cercano a los 8.000 millones de euros anuales.
El Gabinete ha estudiado esta mañana un informe presentado por el nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, a quien competerá en una primera fase la reanudación del diálogo con los agentes sociales. En dicho informe, se definen las tres grandes claves de la reforma: los cambios se realizarán con la intención de que perduren en el largo plazo, en ellos se conjugará la competencia normativa del Estado con la que corresponde, en el plano de la ejecución, a las comunidades autónomas y, por último, se buscará la combinación entre las actuaciones de los servicios públicos de empleo y las de los agentes privados de intermediación.
La reforma tendrá en cuenta el camino abierto con la transferencia de la gestión de estas políticas activas al País Vasco, al que podrán acogerse de momento también aquellas comunidades que hayan reformado sus estatutos. Las bonificaciones a la Seguridad Social podrán ser gestionadas desde los distintos territorios de forma que, en la fase final, serán los gobiernos regionales los encargados de compensar al Estado por el coste de estas ayudas.
El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado esta tarde que uno de los objetivos principales de la reforma es conseguir que los servicios públicos de empleo lleguen a tener la misma calidad que otros de los que prestan las administraciones públicas, como por ejemplo la sanidad, la educación o el control de las obligaciones tributarias. También es propósito del Ejecutivo lograr que estos servicios de empleo que se canalizan en estos momentos a través del Inem con tan poca eficacia dispongan de una atención mucho más individualizada a los parados, en una experiencia similar a la que opera en países como Holanda o Francia.
De esta forma, el informe que ha trasladado hoy Valeriano Gómez al Consejo de Ministros propone situar las necesidades de los parados en el centro de gravedad de la reforma de las políticas de empleo. La reforma implicará reordenar las actuales partidas de gasto, que consumen anualmente 8.000 millones de euros en estos menesteres. El reto pasará por mejorar la organización y el funcionamiento de estos servicios y, en años venideros, incrementar sus recursos humanos, materiales y técnicos. Valeriano Gómez opina que el INEM dispone de pocos funcionarios si se compara con los servicios de otros países, Francia entre ellos. El proceso irá paralelo al aumento de la colaboración con las empresas privadas de intermediación.
El Gobierno se propone también evaluar de forma permanente el nuevo sistema de bonificaciones con el fin de verificar si cumple los objetivos marcados. La Agencia de Evaluación de la Calidad, dependiente ahora de la Vicepresidencia tercera, ya ha realizado un informe sobre la eficacia de estas ayudas y sus conclusiones, referidas al pasado, no son muy halagüeñas.
En la agenda del G-20
José Luis Rodríguez Zapatero presentará una propuesta sobre empleo en la próxima cumbre del G-20 que se celebrará entre los días 10 y 12 de este mes en Seúl. Según han informado esta mañana el secretario general de Presidencia, Bernardino León, y el director de la Oficina Económica de La Moncloa, Javier Vallés, la lucha contra el desempleo será uno de los asuntos claves de esta cita, teniendo en cuenta que el desempleo global afecta a 210 millones de personas, 30 millones de las cuales han entrado en las listas del paro desde el inicio de la crisis.
Zapatero presidirá en esta cumbre una mesa denominada de 'crecimiento verde' en la que se debatirá el futuro energético, así como las medidas implementadas por los diferentes países para el desarrollo de las renovables.
La pacífica guerra de divisas
Otro eje sobre el que gravitará la cumbre del G-20 de Seúl descansará en la llamada guerra de divisas. El Gobierno español mantiene al respecto una actitud de prudencia y se limitará a respaldar los criterios que ya se fijaron en la cita de Toronto: los tipos de cambio se deben regir por las reglas del mercado y, en segundo lugar, hay que esforzarse por evitar devaluaciones competitivas. Fuentes gubernamentales no esperan un debate acalorado al respecto, a pesar de la reciente decisión de la Reserva Federal norteamericana de inyectar cerca de 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense, un paso que contribuirá probablemente a devaluar el dólar y a favorecer las exportaciones de la primera potencia mundial, en detrimento de los intereses europeos.
En Moncloa, se ha constituido una unidad de trabajo centrada en los preparativos de las cumbres del G-20. En esta ocasión, la cita estará precedida de una reunión empresarial al más alto nivel en la que participarán el Santander , el BBVA, Iberdrola, Acciona, Telefónica , Repsol y Ferrovial, entre otras compañías españolas. Una anécdota: la selección de empresas no la ha hecho el Gobierno español, sino el coreano. Y todavía quedan tres vacantes por cubrir.