Respuesta a la petición de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa

Luxemburgo paraliza cautelarmente las ayudas de Estado al carbón

Las tres grandes eléctricas han logrado que el Tribunal de la UE suspenda de forma provisional (con medidas cautelarísimas) las ayudas de Estado autorizadas por Bruselas en septiembre para aplicar las medidas de apoyo al carbón. Aunque el Gobierno podría obligar a las eléctricas a producir con este mineral, la compensación sería ilegal.

La cuerda sobre la que pende el futuro del real decreto del carbón nacional volvió a aflojarse ayer por la tarde. Así, cuando las miradas estaban pendientes de la Audiencia Nacional, que debía aún ratificar las cautelarísimas que había acordado el viernes sobre uno de los reglamentos, saltó la sorpresa: el Tribunal de la Unión Europea remitía a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa un auto por el que su presidente, Marc Jaeger, aplicaba las medidas provisionales que éstas habían solicitado (el equivalente comunitario a las cautelarísimas españolas) contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar como ayuda de Estado las compensaciones a las eléctricas para quemar carbón autóctono. Las tres compañías recurrieron a principios de octubre unas ayudas que, aunque son sus beneficiarias, rechazan de plano.

Según el auto, al que ha tenido acceso CincoDías, el presidente del tribunal de Luxemburgo ha resuelto "suspender la ejecución" de la decisión de la Comisión Europea "por la que se autorizan las ayudas previstas, en forma de compensación por servicio público en favor de la industria minera española y de los productores de electricidad a partir de carbón de origen nacional".

La suspensión se mantendrá hasta que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales posteriores (cautelares) que también han solicitado las denunciantes. Y de facto, puede suponer la paralización del decreto hasta finales de este año o principios de 2011, como mínimo. Además, si las demandantes logran las cautelares, la suspensión podría prolongarse hasta que Luxemburgo se pronuncie sobre el fondo, lo que podría tardar años.

El tribunal justifica la suspensión temporal en que necesita información para "enjuiciar una situación fáctica y legal compleja". En este punto, el auto señala que el juez precisa "un análisis completo tanto del funcionamiento del sistema eléctrico español como de las medidas autorizadas (..) y sus efectos sobre el sistema". Las tres eléctricas se escudaron en el perjuicio que les iba a ocasionar la resolución de Industria del 26 de octubre (para la que Audiencia Nacional acordó sus propias cautelarísimas) que les obligaba a comprar carbón nacional en el plazo de tres días. Esta decisión "les forzaría a rescindir los contratos con sus proveedores tradicionales (carbón importado)", lo que le ocasionaría graves perjuicios.

Tras conocerse el auto, fuentes del Ministerio de Industria señalaron ayer que la decisión de Luxemburgo "no juzga la medida, sino que pospone su puesta en marcha", manteniendo así la incógnita de si el Gobierno exigirá o no a las eléctricas que produzcan con carbón nacional. Una opción es que exija a las eléctricas que quemen el carbón almacenado, pero esa solución no tendría ninguna repercusión positiva para el empleo en el sector minero. Otra, mucho más temeraria jurídicamente, sería obligar a las eléctricas a comprar carbón sin compensación.

En todo caso, la situación es la misma que antes del 29 de septiembre: con un real decreto en vigor (desde marzo, por cierto) pero sin ayudas autorizadas.

Una decisión que ha causado profunda sorpresa

La suspensión cautelar de las ayudas al carbón español sorprendió ayer a todas las partes implicadas. Ni siquiera las compañías que las solicitaron tenían demasiadas esperanzas en que el presidente del Tribunal General de Luxemburgo, Marc Jaeger, aceptara la solicitud, dado que durante su mandato apenas las había admitido media docena de veces sobre un total de medio centenar de casos.

Mucho menos lo esperaba el Gobierno español, que el pasado viernes rechazó la petición informal del Tribunal de suspender durante dos meses la aplicación del real decreto aduciendo que no era necesario porque la Audiencia Nacional ya había dictado medidas cautelarísimas. Madrid confiaba en que esa intervención de los jueces nacionales evitara un auto de los de Luxemburgo. Pero no ha sido así. No obstante, fuentes jurídicas creen que la paralización del reglamento por parte de la Audiencia no era excusa suficiente y que, ya antes de la consulta a Industria, había tomado una decisión.

El auto abre un largo periodo de incertidumbre sobre la aplicación del real decreto. A diferencia de la justicia nacional, donde las cautelares se pueden resolver en cuestión de días, en la UE el proceso tiende a prolongarse meses, entre otras razones, porque el Tribunal de Luxemburgo trabaja en varios idiomas.

Los precedentes indican que la suspensión provisional de la norma podría alargarse como mínimo hasta finales de diciembre y, más probablemente, hasta bien entrado el año 2011.

A favor de una resolución en dos o tres meses juega el hecho de que Jaeger no suele convocar vistas en los casos en que acepta aplicar cautelarísimas. Pero dada la sorpresa que ha causado el auto de ayer, tampoco puede descartarse esa posibilidad.

¿Y Almunia?

l El impacto mayor del auto aprobado ayer podría ser para el departamento europeo de Competencia que dirige el comisario Joaquín Almunia. Este logró el 29 de septiembre que el resto de comisarios, algunos a regañadientes, aprobarán las ayudas al carbón.

l Apoyado por el Servicio Jurídico de la CE, la medida se justificó en la directiva comunitaria que permite a los Estados cubrir su consumo de energía con un 15% de fuentes autóctonas.