Intervención de Caja Castilla-La Mancha

El PP ultima una querella contra los administradores del Banco de España en CCM

El principal partido de la oposición no está decidido a soltar una presa que considera muy sustanciosa con vistas a la carrera electoral que se avecina. En este contexto, ultima una querella por falsedad y prevaricación en documento público contra los administradores del Banco de España que supervisaron la intervención de caja Castilla-La Mancha, así como contra la consejera de Economía y vicepresidenta de esta comunidad, María Luisa Araujo.

Fuentes del PP confían en la admisión a trámite de esta querella, una vez que sus diputados han aireado en diversas ocasiones la intervención de Caja Castilla-La Mancha en el Congreso. En opinión del principal partido de la oposición, la Audiencia Nacional ha respaldado dicha intervención por parte del Banco de España, así como la destitución del Consejo de Administración de esta entidad, pero también ha cuestionado la actuación del Gobierno regional que preside José María Barreda. Sus miembros, a juicio del PP, guardaron silencio cuando militantes de su partido colocaron en una "situación crítica de solvencia y liquidez" a la caja, la causaron "fuertes pérdidas ocultas en la contabilidad" y realizaron "prácticas que pueden ser constitutivas de delito".

Esta sentencia de la Audiencia, según el PP, pone en valor el traslado del caso a la Fiscalía Anticorrupción protagonizado por el Banco de España, así como la demanda presentada por varios consejeros de CCM.

Según los argumentos que el PP utiliza para justificar la querella, el Gobierno ha dictado resoluciones para instruir a los administradores del Banco de España sobre vías que terminan transgrediendo la ley de Fundaciones.

El PP recuerda que el grueso de los 7.000 millones empleados en el saneamiento de la entidad provienen del Fondo de Garantía de Depósitos, que ha destinado 4.000 a este salvamento. Para devolver esa ayuda pública, dicho Fondo está recibiendo, prosigue el argumento del PP, "acciones chatarra" cuyo valor actual genera una pérdida latente que añadir a la conocida hasta hoy.

El PP opina también que una hipotética declaración de nulidad de la intervención de la caja por parte de la Audiencia Nacional beneficiaría a la cúpula de los gestores destituidos, así como al gobierno castellano manchego, al que culpa de no haber ejercido las competencias legales en materia de cajas de ahorro.