Obras públicas y contratos a cumplir

El duro recorte de inversión en obra pública está generando un conflicto entre las constructoras, cuya facturación sufrirá una merma considerable en 2011, y el Gobierno, que simplemente no tiene dinero para construir todo lo previsto. Es legítimo que ambas partes defiendan sus intereses, pero siempre que sea en un plano de igualdad y, sobre todo, respetando escrupulosamente la legalidad. El sector denuncia que la Administración, el principal contratista en España, pretende zafarse de sus compromisos contractuales y no abonar el pago de indemnizaciones por lucro cesante de aquellas obras que se paralicen. Fomento responde que cumplirá con todos aquellos que reclamen las indemnizaciones, pero advierte que ese aumento de gasto supondrá menos dinero para obras. Y, por tanto, nuevas paralizaciones.

El argumento, por lógico que sea, parece ciertamente coactivo. Las empresas tienen derecho a recibir lo que se estableció en los pliegos de los concursos sin temer represalias encubiertas en futuros repartos. Simplemente, es la ley, y corresponde cumplirla a todos. Lo contrario resulta impensable en un Estado de derecho. Lo deseable es, sin embargo, seguir negociando para encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes y evitar que se produzca una judicialización siempre indeseable.