Constructoras y Fomento chocan en la compensación por el retraso de obras
El sector constructor se prepara para afrontar en 2011 su annus horribilis. Pendientes de solucionar el problema de las autopistas de peaje y las autovías de primera generación, las compañías denuncian ahora el caos en el que están sumidas por la paralización y reprogramación de obras y cómo Fomento trata de evitar el pago del lucro cesante, la indemnización que les correspondería por la suspensión unilateral de los proyectos. El ministerio admite que cuantas más compensaciones deba retribuir, más obras pararán.
Se acerca el final de la tramitación presupuestaria y, como cada año, constructoras y Ministerio de Fomento se enzarzan en la discusión sobre cómo solventar la difícil situación que atraviesan con los pocos recursos que hay disponibles. El último frente abierto ha surgido como consecuencia de la paralización y reprogramación de obras. Las empresas han denunciado, con toda la prudencia y el recelo que les provoca atacar a su principal cliente, que Fomento está tratando de evitar el pago del lucro cesante, la indemnización que les correspondería por la suspensión unilateral del proyecto.
De promedio, suele representar el 6% de la inversión prevista, aunque el pliego del concurso puede contemplar cifras diferentes.
Las compañías consultadas aseguran que cuando reclaman a Fomento esta compensación, el ministerio asegura que no tiene dinero para pagarla. En algunos casos, los representantes territoriales de la Administración tratan de convencer a las constructoras para que no acudan a los tribunales, llegando a insinuar que de lo contrario, no volverán a contratar con ellos más obra pública, aseguran fuentes del sector.
Los expertos cifran en 100 millones el coste de compensar al sector
Minimizar los efectos
Desde Fomento rechazan que esté habiendo caos ni presiones. "El proceso está siendo extremadamente complejo porque nunca se había realizado un ajuste como éste, pero desde luego se está llevando a cabo con total transparencia", explica la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero. En este sentido, recuerda que la negociación se realiza caso por caso y son ya muchas las empresas que han decidido renunciar al cobro de esa compensación. "En el ánimo del ministerio está minimizar los efectos del ajuste y en nuestras conversaciones con las constructoras, la mayoría ha reconocido que prefieren reprogramar a resolver el contrato", añade Rodríguez-Piñero. En los casos en los que la rescisión es inevitable (contratos con muy bajo grado de ejecución de los trabajos), Fomento admite que sólo hay dos formas de resolverlo: o pagando el lucro cesante o renunciando a él.
"Y cuantas más indemnizaciones debamos pagar, menos dinero quedará disponible para obra nueva y, por tanto, más proyectos tendremos que paralizar. Es lo que estamos haciendo saber a las compañías y la mayoría lo está entendiendo", subraya Fomento. En cualquier caso, Rodríguez-Piñero garantiza que quienes reclamen estas indemnizaciones, las cobrarán.
Los cálculos efectuados por los expertos del sector estiman, por ahora, en unos 100 millones de euros el coste del lucro cesante de los proyectos rescindidos. "Un sobrecoste que las empresas asumen sobre sus cuentas de resultados y que abocará a muchas pequeñas y medianas compañías a realizar despidos o a echar el cierre", lamenta el sector.
Un problema de 4.000 millones en las radiales
La fórmula para que una decena de concesionarias de autopistas de peaje, incluidas las radiales de Madrid, eviten la situación de quiebra es uno de los asuntos que más preocupa a constructoras y Gobierno. "Esperamos encontrar la solución antes de final de año", sostiene la secretaria general de Infraestructuras. Las compañías exigen poder activar la llamada cuenta de compensación y reclaman créditos de 600 millones adicionales para 2011. Con este mecanismo, y pese a la caída de tráficos experimentada en estas vías, podrían realizar anotaciones contables por valor de la diferencia entre los ingresos que esperaban obtener y los que realmente registran.Fuentes del sector explican que aunque son ingresos ficticios, son financiados por la concesionaria, lo que evita que entre en situación de quiebra y tienen un "impacto mínimo en las cuentas públicas". "Es una fórmula para comprar tiempo porque en cinco años, volverán a ser rentables", añaden estas fuentes. Fomento recuerda que Bruselas ya ha dicho no a esta fórmula porque, de aplicarla, el Estado debería computar como gasto toda la inversión realizada en estas vías, "unos 4.000 millones que no podemos asumir".
Muchos frentes abiertos
LEY DE MOROSIDAD Cuando se cumplen los 100 primeros días desde que entró en vigor la nueva ley de morosidad nadie parece estar satisfecho por cómo se está aplicando. Las constructoras sostienen que comunidades autónomas y ayuntamientos han licitado concursos de obra en los que incumplen explícitamente los plazos de pago establecidos (120 días). "Hay pliegos con plazos de 720 días y Administraciones que pretenden pagar las obras a 15 años inventándose una variante del modelo alemán", sostienen fuentes del sector.EXPROPIACIONES El sector destaca que está soportando un sobrecoste por expropiaciones de 2.000 millones. Fomento va a compensarles en breve con 200. Admite que el proceso ha sido lento porque ha tenido que revisar 5.300 expedientes.AUTOVÍAS El Plan Renove de Autovías de Primera Generación acumula también graves retrasos y, lo peor para las empresas, el impago de los 400 millones prometidos hace un año para compensarles por las obras adicionales que tendrán que hacer. Fomento asegura que recibirán el dinero en breve y, si termina este año sin haberlo cobrado, su dotación está asegurada en 2011.'PLAN 17.000' El Ministerio de Fomento garantiza que habrá financiación para el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), dotado con 17.000 millones. Los fondos de inversión internacionales han mostrado su interés por ser cofinanciadores e, incluso, por entrar en el capital de las concesionarias.