Los inspectores piden que el delito fiscal no prescriba en 10 años
Los inspectores de Hacienda criticaron ayer la reforma del Código Penal y abogaron por elevar la prescripción de los delitos fiscales de los cinco años actuales a los diez cuando el fraude se produzca a través de un paraíso fiscal.
La reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 23 de diciembre, eleva de cuatro a cinco años las penas de cárcel en casos de delito fiscal. Una medida que los Inspectores de Hacienda del Estado, que ayer celebraron su XX Congreso en Tarragona, consideran insuficiente. Su portavoz, Francisco de la Torre, lamentó que en el texto que finalmente aprobó el Congreso no se incluyera un incremento del plazo de prescripción hasta los diez años y un aumento de las penas de cárcel hasta los seis años, modificaciones que sí aparecían en los primeros borradores.
Y reclaman que, al menos, el Código Penal amplíe los plazos de prescripción y las penas cuando se cometan fraudes a través de paraísos fiscales. De la Torre considera que esta medida gozaría de consenso en un momento en el que Hacienda investiga a 659 contribuyentes con cuentas secretas en la filial suiza del HSBC.
En este sentido, la asociación criticó que el Gobierno, en lugar de abrir inspecciones, optara por enviar en junio a los presuntos defraudadores requerimientos para que pagaran su deuda tributaria. Según De la Torre, hasta que no se iniciaron inspecciones no se empezaron a producir regularizaciones. Unos 300 contribuyentes ya han presentado declaraciones extemporáneas que han permitido ingresar 260 millones.
El resto se enfrentará a procedimientos de inspección. Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros y Hacienda considera que existe dolo se iniciarán acciones penales. Sin embargo, ello perjudicará el cobro de la deuda. Una vez se inicia la vía penal, los inspectores deben detener el procedimiento administrativo, lo que puede demorar la liquidación de la deuda en más de diez años. La reforma del Código Penal contempla terminar con esta situación. Sin embargo, los inspectores alertaron que para que ello sea una realidad también debe modificarse la Ley General Tributaria.
Además, defendieron tipificar como delito "la mera creación de productos y procesos para defraudar al fisco". Esta medida iría dirigida a los moduleros que emiten facturas falsas y a los chiringuitos financieros.
6.000 millones de deuda fiscal en los tribunales
Los inspectores indicaron que actualmente hay en torno a 6.000 millones de euros paralizados en los juzgados, a la espera de que se dicte una sentencia. Una cifra cuatro veces superior al ahorro previsto por la congelación de las pensiones aprobada por el Gobierno.Además, la mayor parte de la deuda no tiene garantías. Por ello, los inspectores reclaman que el inicio de la vía penal no detenga el procedimiento administrativo como sucede ahora. Actualmente, cuando un inspector detecta un fraude superior a 120.000 debe enviar el caso a la Fiscalía y paralizar toda actuación ejecutiva. Así, se da la paradoja de que un contribuyente que deba 1.000 euros al fisco verá como en dos meses le embargan su cuenta. En cambio, ello no ocurre con los fraudes más graves que se dirimen por la vía penal.