Las operadoras pagan por usar el dominio público

Gallardón retoca la tasa para cobrar un 36% más a las 'telecos'

El Ayuntamiento de Madrid ha modificado las ordenanzas municipales para poder cobrar a partir de 2011 una remozada tasa por el uso del dominio público que hacen las operadoras de telefonía móvil, conocida como el movilazo, y salvar así las objeciones puestas por los tribunales. El consistorio espera recaudar unos 34 millones, el 36% más.

En tiempos de crisis es cuando más hay que agudizar el ingenio y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. A la espera de conocer si podrá finalmente refinanciar o no su deuda, al Consistorio regido por Alberto Ruiz-Gallardón le urge encontrar fuentes alternativas de ingresos que nada tengan que ver con el maltrecho sector inmobiliario.

Después de la polémica tasa de basura, vuelve a tocarle el turno al pago que desde hace años enfrenta a las operadoras de telefonía móvil con no pocos ayuntamientos. Es la tasa por "utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil", más conocida como el movilazo.

Defecto de forma

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había declarado nula la cuantificación de la cantidad que establecía la antigua ordenanza fiscal reguladora de la tasa, que establecía el gravamen en el 1,5% de los ingresos medios anuales que obtiene cada una de las compañías por operar en la ciudad. El Ayuntamiento de la capital ya recibió entonces esa nulidad casi como una victoria por interpretar que el tribunal declaraba plenamente legal la tasa y sólo rechazaba el cálculo de su cuantía, se trataba de un defecto de forma.

Según ha podido saber CincoDías, los cambios ahora introducidos salvan esos escollos. El consistorio establecerá una tarifa básica anual, a la que se aplicará el tiempo de duración de la utilización del dominio público y un coeficiente según sea la cuota de mercado de cada compañía. Responsables municipales calculan que en 2011 se podrá recaudar con esta modificación unos 34,1 millones de euros, un 36% más que lo previsto para este ejercicio, unos 25 millones. Porque aunque el pago de esta tasa está pendiente de ser resuelto en los tribunales, las operadoras deben avalar las cantidades liquidadas y una vez haya sentencias firmes, sin son favorables al municipio, dichos avales podrán ser cobrados.

El 24% del gasto de Madrid es impropio

La catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, Maite Vilalta, presentó ayer en Madrid el estudio La estimación del gasto local por la prestación de los llamados servicios impropios. En él se concluye que pese a ser la administración más cercana al ciudadano, el gasto local en términos agregados apenas supone el 13% del total, cuando hace casi 30 años era del 10%. Y, sin embargo, los municipios han ido prestando cada vez más servicios no obligatorios sin recibir más financiación por ello. Esto se traduce en que el 30% del gasto que realizan las corporaciones locales no es obligatorio. En el caso de Madrid, el 24% y, pese a ello, eso no quiere decir que sea supletorio, que se pueda suprimir. El estudio de Vilalta destaca que Madrid sólo logra ingresos equivalentes al 10,6% de ese gasto no obligatorio. Por ello, Vilalta urge a una reforma de la financiación local.