Trichet rechaza el acuerdo de la UE para suavizar las sanciones a países con déficit excesivo
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha rechazado hoy el acuerdo alcanzado el lunes por los ministros de Economía de la UE sobre el nuevo sistema de sanciones para los países con déficit y desequilibrios excesivos, que suaviza las propuestas originales del Ejecutivo comunitario.
Durante las negociaciones, Trichet fue uno de los más duros reclamando sanciones más estrictas y prácticamente automáticas para castigar a los incumplidores con el objetivo de garantizar la disciplina presupuestaria y evitar nuevas crisis de deuda. El presidente del BCE era partidario incluso de suspender el derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE a los países reincidentes.
El texto del acuerdo final, que se ha publicado este jueves, recoge una nota a pie de página que resalta que "el presidente del BCE no suscribe todos los elementos de este informe".
El compromiso del lunes fue posible después de que Alemania, que defendía sanciones más estrictas, cambiara de bando y apoyara a Francia, Italia y España, países partidarios de más flexibilidad. El resultado es que los nuevos castigos no serán casi automáticos como defendía Bruselas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Consejo Ecofin.
También se diluyen las multas a los países que pierden competitividad, que Trichet defendía y preocupaban a España.
A cambio de descafeinar las sanciones, la canciller Angela Merkel ha obtenido el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para reformar el Tratado con el objetivo de crear un fondo de rescate que prevea las quiebras controladas de países y de poder retirar el derecho a voto en los Consejos de ministros de la UE a los países incumplidores.
Merkel quiere que los cambios del Tratado se pacten en marzo de 2011, un año y pocos meses después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pero el resto de países son escépticos sobre la posibilidad de lograr la unanimidad necesaria para reformar el derecho primario de la UE y de ratificar los cambios en todos los Estados miembros, con referendos incluidos como en Irlanda.