Piden anular el visto bueno de la CE

Endesa, Iberdrola y Gas Natural impugnan el decreto del carbón

Endesa, Iberdrola y Gas Natural recurrieron ayer ante el Tribunal de Justicia de la UE el visto bueno de la Comisión Europea (CE) al real decreto del Gobierno español que les obliga a generar el 7% de la electricidad a partir de carbón autóctono subvencionado.

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, tiene abiertos desde ayer tres frentes en el Tribunal de Justicia Europeo. Los expedientes T-484/10, T-486/10 y T-490/10 de ese Tribunal identifican los recursos presentados por tres de las principales compañías del mercado energético español contra una de las decisiones más polémicas adoptadas por el departamento de Almunia en su primer año de mandato.

El comisario aprobó el pasado 29 de septiembre las ayudas de Estado que compensarán a las eléctricas españolas por alimentar parte de su producción con un carbón autóctono que, sin esa compensación, no podría competir con el precio de otras fuentes de generación más baratas.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, beneficiarias de las ayudas, han solicitado al Tribunal General de la UE que anule el visto bueno de la Comisión Europea al real decreto del Gobierno español que les obliga a producir con carbón autóctono, según indicó ayer Europa Press. Asimismo, la Xunta de Galicia también ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Luxemburgo, según Efe.

El sector cree que la norma vulnera la ley porque desplaza a otras tecnologías

Las compañías ni siquiera han esperado a que esa decisión se publique de manera oficial para impugnarla ante el Tribunal, lo que denota su urgencia por evitar que la medida se aplique. Iberdrola, además, pide a los jueces comunitarios que suspendan su aplicación de manera cautelar y que tramiten el recurso por procedimiento acelerado.

El sector eléctrico considera que la norma vulnera la ley porque la entrada del carbón desplaza a otras tecnologías de producción, como el ciclo combinado.

El recurso de Iberdrola, según indicó la empresa en un comunicado, se dirige en primer lugar contra la decisión de Bruselas de aprobar el real decreto sin someterlo a una investigación en profundidad. Iberdrola considera que ese visto bueno en primera fase viola "el principio de buena administración", que obliga a la Comisión "a estudiar de forma diligente, detenida e imparcial todos los elementos del asunto".

El departamento de Almunia, sin embargo, estimó en su día que no era necesario un análisis más detallado de la normativa porque el Servicio Jurídico de la Comisión reconoció el derecho de España a obligar a las eléctricas a generar hasta el 15% de su producción mediante fuentes autóctonas.

Pero la compañía de Ignacio Sánchez Galán también discrepa sobre el fondo y rechaza el argumento de la seguridad del suministro, invocado por España y aceptado por la CE. "Ni existen ni es previsible que existan a medio plazo problemas de seguridad de suministro en nuestro país", señaló ayer Iberdrola.

La eléctrica también acusa a la CE de haber aprobado una medida "contraria a los límites materiales y temporales" de los reglamentos comunitarios que, según la última propuesta de la CE, fijan 2014 como fecha límite para conceder ayudas destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. (fecha pendiente de negociación y aprobación en el Consejo de Ministros de la UE).

El real decreto del Gobierno fija también 2014 como plazo para que expire la obligación de las eléctricas de consumir carbón autóctono. Almunia aseguró al resto de la CE que esa fecha, además de figurar en la norma, fue confirmada por escrito de manera expresa por el ministro responsable en la materia Miguel Sebastián, titular de Industria.

El grupo Alonso anuncia un ERE para 450 mineros

El empresario minero Victorino Alonso, representante del grupo empresarial Alonso, presentará ante la autoridad laboral en León un expediente de regulación temporal de empleo (ERE) para 450 trabajadores de sus explotaciones de carbón, informa Europa Press. La medida afectará a los mineros de contratas y subcontratas de las explotaciones de carbón a cielo abierto de la empresa Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico. El motivo son las 3,5 millones de toneladas de carbón que no se han vendido a las centrales.