Primera recaudación de las nuevas tasas

La CMT recauda 148,5 millones para RTVE con las nuevas tasas

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) informó el viernes del resultado de la primera recaudación de las nuevas tasas que las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones deben pagar para sufragar RTVE, atendiendo al nuevo esquema de financiación diseñado para la radiotelevisión pública estatal.

El pasado día 6 terminó el plazo para que las empresas realizaran los primeros pagos. Según explicó el regulador, hasta esa fecha había recibido las autoliquidaciones de los pagos a cuenta de telecos y televisiones correspondientes a los dos primeros trimestres de 2010 por un total de 128,35 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar la autoliquidación correspondiente al ejercicio de 2009, a la que sólo estaban obligadas las televisiones, que ascendió a 20,22 millones. De esta forma, el total recaudado para financiar a la corporación pública asciende a 148,57 millones de euros.

La Ley de financiación de RTVE aprobada el año pasado determinó que la radiotelevisión pública dejara de tener publicidad y pasara a financiarse en parte a través de los Presupuestos Generales del Estado y en parte a través de tasas: tanto la que se recauda por el uso del espacio radioeléctrico (el Gobierno ha propuesto ahora que se destine íntegra a RTVE) como unas de nueva creación que deben pagar telecos y televisiones privadas. En el primer caso, equivale al 0,9% de los ingresos brutos de explotación anuales de las operadoras. En el segundo, al 3% de los ingresos de las televisiones en abierto y al 1,5% de las de pago. La tasa a las telecos está recurrida ante el Supremo y es investigada por Bruselas.

Criterios para decidir quién debe pagar

El consejo de la CMT aprobó el jueves una resolución en la que aclara los criterios para determinar si un operador debe ser considerado estatal o autonómico a efectos de obligarle a pagar la correspondiente tasa para financiar a RTVE, algo que sólo es exigible si se opera a nivel nacional o en más de una comunidad autónoma. Según el regulador, no tendrán que pagar los operadores que acrediten que el 75% de sus ingresos brutos proceden de clientes domiciliados en una única comunidad autónoma.