La Casa Blanca desaprueba la moratoria en embargos de casas
La Administración de Barack Obama no está a favor de una moratoria nacional para evitar la ejecución de embargos de casas como reacción al escándalo desatado por la dudosa autenticidad de los títulos de propiedad hipotecaria que exhiben los bancos acreedores. Es algo que han pedido algunos grupos de presión, sindicatos y legisladores demócratas pero que David Axelrod, asesor del presidente, no quiere contemplar porque "de hecho hay embargos válidos con documentación apropiada que deben ser ejecutados".
Bancos como GMAC, PNC y JP Morgan Chase han parado todos estos procesos y ventas de propiedades embargadas en los 23 Estados en los que se necesita autorización judicial. Bank of America decidió también hacerlo y, el viernes pasado, extendió esta suspensión a todo el país después de que varios jueces y fiscales generales hayan elevado la alarma sobre la cantidad de embargos que se estaban pidiendo por parte de una banca que, en general, mostraba títulos repletos de errores y declaraciones juradas firmadas sin verificar y con un carente o fraudulento celo notarial.
Según explicaba ayer The Wall Street Journal han sido las financieras seminacionalizadas Fannie Mae y Freddie Mac las que forzaron a Bank of America a congelar estos procesos.
Pese a ello, y en la misma línea que Axelrod, David Stevens, comisario de la Agencia Federal de la Vivienda, confirmó a The Washington Post que congelar los embargos de todos los bancos en todos los Estados "no es, simplemente, una decisión prudente en este mercado de la vivienda tan frágil". "Entendemos el deseo de que no haya ni un solo estadounidense al que se le embargue por error, pero no debemos extralimitarnos y buscar una solución que haga que el problema subyacente de los embargos empeore".
Para la Casa Blanca, la situación generada por esta crisis es muy delicada debido a que la inseguridad jurídica puede retrasar casi sine díe el ajuste de la vivienda y los bancos pueden verse obligados a volver a revisar a la baja los activos en sus balances.
Investigación conjunta de las fiscalías
Algunas de las prácticas puestas en marcha por los bancos para acreditar la propiedad de la vivienda pueden ser calificados de fraude y las fiscalías de muchos Estados están estudiando los casos en los que se han usado documentos de validez cuestionable que se utilizan en procesos de evicción y embargo.Ante esta situación, fiscalías de una docena de Estados preparan el lanzamiento de una investigación conjunta para dilucidar la autenticidad notarial de muchos de los títulos de propiedad y declaraciones juradas de los acreedores.El escándalo beneficia a los propietarios en mora, pero los economistas están preocupados porque las ventas de casas podrían caer en picado (una de cada cuatro operaciones es de una propiedad embargada) y dilatarse el ajuste inmobiliario.