La CNE reclama al Gobierno potestad para fijar tarifas y para sancionar
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha realizado un informe sobre el Tercer Paquete legislativo de la Unión Europea sobre energía en el que insiste en su reivindicación de contar con potestad para fijar las tarifas de luz y gas, así como de poder sancionar directamente a las empresas, en línea con los principios que Bruselas quiere establecer para todos los reguladores europeos.
Dentro de la lista de "modificaciones necesarias" para adaptar el funcionamiento del regulador español a las directivas comunitarias, la CNE vuelve a citar además la necesidad de que se acabe con el mecanismo de recurso de alzada que pueden presentar ante el Ministerio de Industria los afectados por cualquier resolución del organismo.
Esta medida está recogida en el borrador de la Ley de Economía Sostenible, que sigue sin ver la luz. De aplicarse finalmente, Industria dejará de tener la última palabra sobre las decisiones de la CNE, que podrán recurrirse solamente ante los tribunales.
El organismo presidido por María Teresa Costa también pide que ni el ministro de Industria ni el secretario de Estado puedan acudir, con voz pero sin voto, a las reuniones del regulador. Esta medida "no parece que se compadezca con la exigencia de que los reguladores puedan adoptar decisiones autónomas con total independencia de cualquier órgano político", dice.
Sobre la potestad sancionadora directa, el regulador recuerda que en la actualidad sólo puede "incoar e instruir" procedimientos, y a lo sumo proponer sanciones a Industria, lo que contrasta con la posición de la Comisión Europea, que se decanta por permitirle "imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".
En cuanto a la potestad tarifaria, la CNE recuerda que en este aspecto sus funciones se limitan en la actualidad a proponer a Industria revisiones de luz y gas y a realizar informes acerca de los borradores de orden sobre el Gobierno.