Un ajuste adicional de 10.000 millones en 2011
Los expertos creen que se necesitará un 'Plan B' por si la economía no crece lo previsto.
El mayor ajuste fiscal de la democracia, llevado a cabo por el Gobierno durante este año, podría no ser suficiente. Después de los ataques sufridos por la deuda española durante esta primavera, el Ejecutivo adoptó medidas tan impopulares como recortar un 5% el sueldo de los funcionarios o congelar las pensiones, a cambio de tranquilizar a los mercados. En ese marco se incluye el último Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, que establece objetivos parciales precisos para devolver el déficit público al 3% del PIB (el límite marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) en 2013.
El primero de esos mojones surgirá a finales de este año, y parece que no ofrecerá complicaciones: después de haber dudado durante buena parte del año, el grueso de los analistas privados y organismos internacionales conceden ahora que el PIB solo caerá en el entorno de las tres décimas que predijo el Gobierno en septiembre pasado. Eso llevará a una relación de ingresos y gastos que no parece dificultar el objetivo de déficit del 9,3%.
Los problemas parecen acechar en 2011. Ni siquiera los centros de análisis más optimistas creen que el producto interior bruto crecerá el 1,3% marcado en el proyecto de Presupuestos. De hecho, la media de los pronósticos se encuentra más cerca del 0,7% que publicó el FMI la semana pasada. Las seis décimas de diferencia llevarían a una menor recaudación impositiva y a un mayor gasto por desempleo que lo presupuestado, imposibilitando, de hecho, cumplir con el déficit previsto del 6%.
Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado ha afirmado que cumplir el compromiso con Bruselas es la prioridad absoluta, y todos los analistas consultados creen que, en efecto, en caso de desvío el Gobierno haría lo necesario para no despertar de nuevo las dudas de los mercados. José Viñals, responsable financiero del FMI, recomendó la semana pasada al Ejecutivo que tenga listas medidas de ajuste adicionales en el caso de que el objetivo de déficit se incumpla.
La pregunta que surge es: ¿queda margen de actuación? José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, cree que en 2011 se necesitará un ajuste adicional de "entre el 1% y el 1,5% del PIB" (es decir, al menos 10.000 millones de euros). Y recomienda abordarlo desde el lado del gasto: "Habrá que volver a tocar las infraestructuras, aunque no queda mucho margen, y también el gasto corriente, asumiendo el coste político". En la misma línea, David Cano, analista de AFI, cree que "lo más vendible" en términos políticos sería recortar gastos, y, dada la dificultad de rebajar aún más a los funcionarios, habría que incidir en el gasto corriente.
Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, opina que el margen de la Administración central es muy limitado: "La única rebaja seria se obtendría de las comunidades autónomas. Tocando las transferencias, para limitar organismos innecesarios, subvenciones redundantes y muchos de los 140.000 puestos funcionariales creados en los últimos 15 años, se podrían obtener otros 15.000 millones. O se entra a saco con las comunidades, o el país no tiene arreglo", advierte.
José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney, coincide en que "donde se juega España su credibilidad" es en el ámbito autonómico. A su juicio, buena parte de la prima de riesgo respecto a Alemania (cercana a los dos puntos) se debe a que los inversores dudan de que las comunidades cumplan sus objetivos de déficit. "Creemos que el PIB crecerá un 1,2%, así que desde el ámbito central es posible que no se necesite ajuste. El problema será autonómico y local, donde se requiere un ejercicio de transparencia en forma de rendición de cuentas".
Impuestos especiales
El catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Olivé sí cree que habrá ajuste y será por la vía de los ingresos: "Probablemente veremos una segunda parte de la subida de la imposición indirecta que se abrió en julio con el IVA. Con una subida de los impuestos especiales se cumpliría el objetivo del déficit, aunque el Gobierno esperará varios meses hasta ver qué efecto tiene el programa de consolidación sobre el crecimiento. Dudo de que haya novedades antes del verano". A su juicio, el Ejecutivo no dudará en controlar el déficit "porque no queda otra, y probablemente contará con la comprensión de la ciudadanía".
El director general de Funcas, Victorio Valle, dibuja un panorama más preocupante: "Entre el déficit actual y el esperado para 2013 hay tres puntos que no se explican con las previsiones de crecimiento. Necesitamos un recorte de un punto anual en el gasto corriente, porque el de capital ya ha caído a niveles de 2004. Desde los ingresos, la única solución sería una nueva subida del IVA y los impuestos especiales, combinada con un aumento de un punto en todos los tramos del IRPF que generaría 2.200 millones". Valle también reclama "un mayor control de la financiación" de comunidades y entes locales, "para que lo que se gana por un lado no se vaya por el otro".
Bruselas y las hipotéticas sanciones
El compromiso del Gobierno con el control presupuestario tiene como objetivo fundamental recuperar una confianza de los mercados que se resquebrajó hace pocos meses. Resulta incuestionable que un incremento del riesgo percibido (y, por ende, de los tipos de interés exigidos) pondría en jaque las propias cuentas y las posibilidades de crecimiento suficiente para crear empleo. A ese propósito se une hoy un temor aún no concretado: que el Consejo Europeo apruebe la propuesta que realizó la Comisión hace dos semanas, según la cual en el futuro se castigaría con un 0,2% del PIB a los países que incumplan los límites de déficit y deuda pública (60% del PIB) marcados en el Pacto de Estabilidad.La situación de España, un país otrora ejemplar en este aspecto, es hoy comprometida: la última revisión del FMI, que corrige al alza sus previsiones anteriores, todavía sitúa el crecimiento en el 2% en 2013, un punto menos que el Gobierno. La evolución de las cuentas dependerá de quién tenga razón.
La deuda supera el medio billon
La deuda del Estado en circulación en julio se situó en 504.650 millones de euros, un 6,15% más que un año antes, según el Tesoro. El incremento se explica por la mayor necesidad de financiación del país en un momento de crisis, objetivo que se ha conseguido a través de la emisión de obligaciones y de letras a 18 meses, instrumento que el Tesoro dejó de usar en 2007, informa Europa Press.