El Gobierno aprueba mejoras en la ayuda al alquiler para desbloquear 100 millones
El Consejo de Ministros ha introducido cambios en el Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación para mejorar su gestión y movilizar así hasta 100 millones de euros, actualmente bloqueados por cuestiones administrativas.
La Renta Básica de Emancipación supone una ayuda de 210 euros para jóvenes ocupados de entre 22 y 30 años, titulares de contrato de arrendamiento y con ingresos máximos de 22.000 euros brutos anuales.
Desde el momento en que la comunidad autónoma reconoce a un joven el derecho a recibir la Renta Básica, el Ministerio de Vivienda tiene que reservar fondos por importe total de la ayuda a la que tendría derecho durante cuatro años o hasta cumplir el límite de edad.
Ahora bien, cuando el beneficiario incumple alguno de estos requisitos o no los acredita, el pago de la ayuda queda interrumpido, pero el presupuesto reservado se mantiene indefinidamente bloqueado hasta que no se le retire el derecho a percibir la ayuda.
Las mejoras introducidas buscan desbloquear estas cantidades que, según el Gobierno, superan los 100 millones de euros. Un total de 402.069 jóvenes han solicitado esta ayuda desde su creación. Las comunidades autónomas han concedido y enviado al Ministerio 306.838 resoluciones positivas, mientras que han denegado la RBE a 69.738 personas. Según los datos del Ministerio de Vivienda, hasta la fecha se han anulado 10.791 ayudas.
Hasta tres meses para subsanar incumplimientos
La modificación del Real Decreto incluye básicamente dos nuevas medidas. En primer lugar, el joven tendrá seis meses desde que la comunidades autónoma le notifica la resolución positiva para acreditar el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para el pago.
Si en esos seis meses no se acreditan esos requisitos, la comunidad autónoma declarará la extinción de la resolución, excepto en el caso de que la falta de acreditación no sea imputable al beneficiario.
Por otro lado, en el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, una vez empezada a cobrar la ayuda, el joven tendrá tres meses desde que la comunidad autónoma le notifica la suspensión cautelar de la ayuda para subsanar el incumplimiento.
Si pasados esos tres meses, no acredita que ha subsanado el incumplimiento, la comunidad autónoma declarará la extinción de la resolución excepto en el caso de que, nuevamente, la falta de subsanación no sea imputable al beneficiario.