En el Pleno de hoy

El Senado insta a que la banca informe mejor sobre las coberturas de hipotecas

El Senado aprobó hoy por unanimidad una moción de CiU que insta al Gobierno a proteger a quienes contratan coberturas en hipotecas y otros préstamos frente a subidas de tipos de interés -denominadas 'swaps'- obligando a las entidades financieras a que informen mejor a sus clientes.

La iniciativa exige que los bancos y cajas avisen sobre las consecuencias que supone contratar este tipo de producto financieros "complejos y de alto riesgo", que algunas entidades vendieron para que sus clientes estuvieran cubiertos si los tipos de interés subían, pero que al bajar penaliza a quienes las contrataron con altísimas cuotas.

El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, destacó que "resultaba imprescindible encontrar una solución porque se trata de productos pensados para grandes compañías y para ser tratados por expertos financieros en grandes operaciones de crédito, que necesitan una estabilidad económica".

En concreto, la moción insta al Gobierno a solicitar un informe a la CNMV sobre la implantación y el cumplimento en la banca de la directiva europea MIFID del Committee of European Securities Regulator relativa al asesoramiento financiero.

Al Banco de España, por su parte, se le solicita un informe sobre la información de los "swap" que se traslada a los clientes, las denuncias y reclamaciones en los últimos tres años de los usuarios de estas coberturas, así como la resolución de las mismas.

Ambos informes se deberán remitir al Senado en tres meses, añadió CiU en un comunicado.

El mandato de los órganos de gobierno de las cajas reestructuradas podrá exceder los 12 años

El Pleno del Senado ha aprobado, también por unanimidad, una nueva corrección pactada por todos los grupos al decreto ley por la que se reforma la Ley de ârganos de Representación de las Cajas de Ahorro (Lorca) aprobada hace dos meses que permite que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas puedan superar el límite de 12 años para sus mandatos en el caso de entidades que acuerden su integración con otras o el ejercicio indirecto de su actividad financiera.

El objetivo de la modificación, impulsado por PP y CiU, es evitar que una convocatoria de elecciones en una caja pueda obstaculizar los procesos de integración y reestructuración que se hallan en marcha, por lo que se habilita a las comunidades autónomas para que puedan adaptar la duración de los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno por encima de lo que marca la nueva Lorca y "hasta el cumplimiento del mandato en curso de la entidad de que se trate".

Esta nueva modificación, introducida en el trámite final de la Ley que regula el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) se suma a otras ya incluidas por PSOE, PP y CiU el pasado lunes durante la votación en Comisión, dirigidas a evitar que los cambios en los órganos de dirección de las entidades, al objeto de ajustarlos a la nueva normativa, provocaran en breve su disolución completa y la convocatoria de nuevas elecciones de sus cúpulas directivas.

Así, la norma que tendrá que refrendar el Pleno del Congreso el próximo jueves cambia "constitución" por "adaptación" en el texto de la disposición que daba un plazo de dos meses, que se cumplirá en los próximos días, para la transición de la asamblea general y los demás órganos de las cajas a la nueva composición que marca la ley tras la salida de los cargos electos, después de la aprobación de los estatutos y reglamentos de las entidades.

Los grupos justifican que, al emplearse el término "constitución", refiriéndose a la "adaptación" de los nuevos órganos, cabría interpretar como necesaria la "disolución completa" de los mismos para la formación de otros de nueva planta, mientras que la voluntad de la norma es que las entidades realicen sólo los ajustes precisos para que, con una configuración adaptada a la nueva regulación, los órganos de gobierno puedan continuar operando sin convocar nuevos procesos de elección.

Por otro lado, precisa el principio de que los presidentes de las cajas queden sometidos a un deber de dedicación exclusiva que les impida, entre otras cosas, desempeñar cargos retribuidos en otras entidades, de manera que quede restringido sólo a los presidentes ejecutivos.

PSOE, PP y CiU señalan que, con la redacción vigente, los presidentes, al igual que los directores generales, deben tener dedicación exclusiva, lo cual puede suponer una "carga excesiva" para entidades de menor tamaño y además impide a los segundos simultanear esa función con otros cargos retribuidos, incluidos, por ejemplo, los que pudieran desempeñar en los sistemas institucionales de protección (SIP) constituidos por las propias cajas.

Con esta enmienda, según los grupos, al tiempo que se mantiene el objetivo inicial de reforzar la dedicación exclusiva de los cargos directivos de las cajas de ahorro, se permite la retribución externa de los presidentes de las cajas que, no teniendo carácter ejecutivo en sus entidades, participen en otras actividades.

Otra de las enmiendas fija en un mínimo del 5% de los derechos de voto el porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, mientras que el máximo será del 10%.

Por último, se precisa que los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los "concurrentes", recuperando así la redacción previa al decreto de julio para eliminar "cualquier duda" sobre la interpretación del precepto y "garantizar la plena seguridad jurídica".

Los controladores pueden seguir operando a los 57 años

El Pleno del Senado ha ratificado asimismo la propuesta del PSOE para modificar la Ley de prestación de servicios de tránsito aéreo de manera que se permita que, previo examen psico-físico, los controladores puedan continuar desarrollando "funciones operativas" más allá de los 57 años.

Así, los controladores de tránsito aéreo que alcancen los 57 años de edad deberán renovar o revalidar el certificado médico cada 6 meses como máximo, según consta en las modificaciones introducidas al proyecto de Ley que regula el Fondo de Promoción al Desarrollo, debatido por el Pleno de la Cámara Alta tras pasar el pasado lunes por la Comisión de Cooperación Internacional.

La modificación, que tendrá que refrendar el Pleno del Congreso de los Diputados el jueves de la próxima semana, estipula que este cambio sea de aplicación a todos los controladores de tránsito aéreo que hayan cumplido 57 años de edad, aunque hayan cesado en el ejercicio de funciones operativas tras la entrada en vigor de la nueva Ley, el pasado mes de abril.

Dichos controladores de tránsito aéreo serán repuestos en el ejercicio de funciones siempre que acrediten su plena aptitud psicofísica y cumplan con los demás requisitos establecidos por la legislación aplicable.

El objetivo, según el PSOE, es posibilitar a los trabajadores mayores de 57 años que sigan en plenas aptitudes psicofísicas y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente proseguir con la actividad de controlador aéreo.

Tanto los socialistas como los 'populares' presentaron sendas enmiendas con este mismo objetivo, dos semanas después de que el ministro de Fomento, José Blanco, trasladara a los controladores su disposición a modificar la norma.

Sin embargo, las diferencias entre PSOE y PP surgieron a la hora de precisar la situación de aquellos que, al perder su "aptitud psicofísica" llegados a los 57 años, no continúen desempeñando funciones operativas de control de tránsito aéreo. En ese caso, el proveedor de servicios debe ofertarles otro puesto de trabajo que será retribuido de acuerdo con las funciones que efectivamente realice el controlador.

No obstante, el PP se desmarcó de los socialistas en este punto y planteó que los controladores en esta situación reciban un nombramiento de técnico ATC "o figura que lo sustituya en la norma convencional que resulte de aplicación", si bien su propuesta ha sido rechazada, primero por la Comisión y posteriormente por el Pleno del Senado.

En cualquier caso, si la empresa no puede recolocarle, el controlador pasará a una situación de reserva activa hasta que alcance la edad de jubilación forzosa, cobrando una retribución que se acordará mediante negociación colectiva con los representantes de los trabajadores y será incompatible con cualquier otro trabajo por cuenta propia o ajena, excepto la realización de labores de formación aeronáutica o labores de inspección aeronáutica en el ámbito de la Unión Europea.

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