Ni sociales ni productivos
A lo largo de los más de seis años del mandato de Rodríguez Zapatero hemos tenido que escuchar una y otra vez las soflamas del presidente, autoproclamándose el adalid de las políticas sociales. Políticas que, por cierto, tenían mucho más de electoralistas que de auténtico contenido progresista. La política de los cheques graciables, que tanto ha contribuido al vaciado de las arcas públicas, no ha ido paralela con una auténtica protección a los colectivos más desfavorecidos. Podemos preguntárselo a las viudas que en la etapa socialista no han contado con ningún avance para dignificar sus exiguas pensiones.
Con los ajustes mandatados desde Bruselas, buena parte de los cheques Zapatero han pasado a mejor vida y el recorte ha alcanzado de lleno a las pensiones, a pesar del unánime rechazo a su congelación por parte del resto de fuerzas políticas parlamentarias.
El aura de la política social abandona definitivamente al Gobierno socialista con su proyecto de Presupuestos Generales. Amén de la pérdida de valor adquisitivo que afectará a todas las pensiones, la mayoría de las cuales seguirán congeladas, el carácter regresivo en lo social se pone de manifiesto, de forma muy acentuada en el fuerte descenso que experimentan las dotaciones destinadas a la política de vivienda.
Según informaciones facilitadas por la propia ministra, en comparecencia parlamentaria reciente, el montante de los ajustes en su ministerio asciende a la suma de 1.234 millones de euros, a lo largo de los tres ejercicios (de 2010 a 2012), lo cual resulta muy significativo en un departamento dotado anualmente con 1.500 millones. Si la cantidad recortada es importante, más trascendente resulta aún su alcance cualitativo. La tan proclamada política de fomento de la vivienda en régimen de alquiler -que podríamos calificar como el segmento más social del mercado inmobiliario- ve reducidas las ayudas en un 40%, con lo cual el ministerio se ahorra 247 millones de euros. Todo un despropósito, al que se suma otro castigo a los débiles. Desaparece la Ayuda Estatal Directa a la Entrada, instrumento dedicado a los adquirentes con menos poder adquisitivo. Eso sí, el ahorro para las arcas públicas asciende a 750 millones de euros.
Se trata de desmantelar las políticas de vivienda protegida, abocando a más sectores a no disfrutar de su derecho constitucional a una vivienda digna. Y, además, destruyendo algunos brotes de incipiente recuperación del sector, que estaba tratando de sobrevivir mediante la construcción de viviendas destinadas al alquiler, siguiendo las indicaciones del propio Gobierno.
Ni política social, ni fomento de la economía productiva, la única que puede sacarnos del atolladero de la desocupación. A los efectos perniciosos del ajuste en vivienda hay que sumar el elevado recorte sufrido por el Ministerio de Fomento, cercano al 40%. Hay que sacarle también una tarjeta amarilla a José Blanco, cada vez más empecinado en su alocada carrera por construir líneas de alta velocidad que van a arruinar a Renfe y al Estado, mientras suspende la ejecución de tramos viarios o ferroviarios en corredores estratégicos, como el del Mediterráneo. Invertir bien siempre es necesario, pero en tiempos de tanta escasez de recursos públicos, la errónea asignación de las dotaciones destinadas a infraestructuras constituye un gravísimo error político. Un botón de muestra: mientras en un solo Consejo de Ministros se autoriza la contratación de más de 800 millones de euros para líneas de alta velocidad, Blanco no encuentra 20 millones para continuar la construcción del enlace entre dos autopistas en el Baix Llobregat, con una intensidad media diaria superior a los 100.000 vehículos.
Las medidas fiscales contenidas en los Presupuestos tampoco coadyuvan para nada a la generación de empleo. Como escribía el profesor Germà Bel, los aumentos excesivos del esfuerzo fiscal, en un futuro de fronteras abiertas, puede estimular la emigración de los sectores más creativos y productivos, que son los destinatarios de este desaforado incremento de la presión fiscal. Parece que nuestro Gobierno, tan proclive a reclamar un cambio de modelo económico, nos quiere conducir a un país de subsidiados y mileuristas
Por lo que se refiere a las políticas proactivas de fomento de la creación de riqueza, cabe decir que a la práctica inexistencia de políticas de fomento de la internacionalización se suma el escaso apoyo a la I+D+i, y el retroceso en las ayudas a sectores industriales o terciarios, como el automóvil o el turismo.
En definitiva, para CiU el proyecto presupuestario del Gobierno debería ser retornado por las Cortes. En este sentido, vamos a presentar una enmienda a la totalidad para poner de manifiesto sus retrocesos sociales y su incapacidad para afrontar la compleja situación de la economía española. No cejaremos tampoco de plantear, en el marco del debate presupuestario y en el de todas las leyes que se tramiten, mil y una propuestas con el objetivo último de crear ocupación, y con ello la riqueza imprescindible para poder restablecer las políticas sociales recortadas por los socialistas.
Pere Macias i Arau. Portavoz de CiU en la Comisión de Presupuestos